El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo ayer que el gobierno de Estados Unidos “ya se está tardando” en dar respuesta a la nota diplomática enviada el 6 de mayo pasado, en la cual solicita aclarar el financiamiento a Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, así como a otros grupos políticos disfrazados de asociaciones civiles. El mandatario recordó que la entrega de dinero a organizaciones políticas por parte de un gobierno extranjero es “una clara muestra de intervencionismo en asuntos que sólo competen a los mexicanos”, por lo que urgió a Washington a suspender de inmediato el financiamiento canalizado por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) a esos grupos.
Por el poderío económico y los vínculos políticos de sus integrantes, Mexicanos contra la Corrupción se ha convertido en el más emblemático de los grupos de interés que recurren al membrete de “organización no gubernamental” o “asociación civil” para hacer política, y que no titubean en pasar por encima de la ley y de la soberanía nacional para empujar su agenda de enriquecimiento privado a expensas de las arcas públicas.
Ante la derrota del régimen neoliberal en 2018 y el total descrédito de sus representantes, estas entidades han suplantado las funciones de los partidos de oposición hasta erigirse en sus verdaderos coordinadores durante la campaña electoral en curso. Al hacerlo, desnaturalizan y pervierten la democracia, ya que sacan la disputa política de sus espacios previstos en la ley (los partidos) y la transfieren a supuestos organismos que se encontrarían fuera del escrutinio de las autoridades electorales. Tal escenario, grave en sí mismo, cobra un cariz alarmante por la omisión del Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a ejercer sus tareas de fiscalización y regulación sobre entidades que a todas luces participan en el proceso político.
En lo referente al plano externo, la reticencia de Washington a cortar el financiamiento ilegal a grupos políticos mexicanos podría ser la primera desavenencia significativa en una relación bilateral que, a contrapelo de quienes auguraban un choque bilateral, ha marchado hasta ahora por cauces de entendimiento institucional. A la fecha, la realidad ha desmentido a comentaristas e intelectuales vinculados a la oposición empeñados en sostener la especie de que el gobierno de López Obrador está condenado a chocar con el de Joe Biden, pero dicho desencuentro podría materializarse si la administración demócrata prolonga el financiamiento a un poder fáctico disfrazado de sociedad civil.
Para conjurar este choque, la Casa Blanca debería revisar, al menos en lo que concierne a México, el funcionamiento tradicional de su política injerencista de respaldo a grupos opositores disfrazados de otras cosas. Poner fin a esa conducta es una elemental medida de respeto a la legalidad mexicana, a su soberanía y al derecho a la autodeterminación, en tanto que mantenerla resultaría particularmente deplorable en el contexto de una relación bilateral en la que han primado los acuerdos y la voluntad de cooperación.
