Bogotá. La presión ciudadana continuó ayer en las calles de Colombia, donde los inconformes se anotaron otro triunfo luego de que el Congreso votó en contra de una polémica reforma al sistema de salud. Al cumplirse 22 días consecutivos de protestas la represión policial ha provocado decenas de muertos y más de 900 heridos, en un estallido social que surgió del rechazo a una iniciativa de reforma tributaria.

“Con 27 votos a favor y cinco en contra se acaba de aprobar mandar al archivo la reforma de salud. Ahora sí ha caído ese adefesio. Una victoria más del pueblo. ¡Viva el paro nacional!”, celebró el senador Wilson Arias, del izquierdista Polo Democrático.

El ministro de Salud, Fernando Ruiz, defendía la reforma con el argumento de que daría herramientas al sistema para atender emergencias sanitarias como la del Covid-19, que atraviesa su etapa más álgida en el país con más de 3 millones de casos y 82 mil muertos.

El proyecto fortalecía la intermediación de las Empresas Promotoras de Salud (EPS), figuras privadas que administran recursos públicos sanitarios, tras una depuración aplicada por el gobierno en la que quedarían las de mayor capacidad y se liquidarían las demás.

Permitía en algunos casos la fusión de esas empresas prestadoras de salud privadas con hospitales públicos a cargo de las alcaldías y gubernaturas, muchas de ellas en déficit por las deudas entre el Estado y las EPS.

Los críticos del proyecto advertían sobre la creación de monopolios con estas iniciativas. Varios congresistas anunciaron que no lo votarían porque no representaba una solución al sistema de salud ni a la crisis política-sanitaria que enfrenta el país.

La iniciativa fue estudiada en sesión conjunta por comisiones del Senado y la Cámara de Diputados debido a que tenía carácter de urgente por el gobierno central, que la respaldó tras ser propuesta por el partido de centro-derecha Cambio Radical con el apoyo del Partido Liberal y de La U.

La propuesta de gobierno no fue retirada por Duque, como lo exigió el Comité Nacional del Paro, pues la presentó un partido político y no el Ejecutivo.

La ONG Temblores reportó 43 muertes por la represión desde que comenzaron las protestas. A su vez, el Ministerio de Defensa informó que 15 civiles han fallecido y 11 casos están en verificación, además de 979 civiles y 966 policías heridos en las movilizaciones.

El lunes la tensión se elevó cuando Duque ordenó el máximo despliegue de la fuerza pública para desbloquear las carreteras ante la escasez de alimentos y combustibles en las principales ciudades, pero los cierres continúan en varias regiones como parte de las protestas, en general pacíficas, aunque se han reportado algunos saqueos, actos de vandalismo y enfrentamientos con la policía.

Durante la sesión en el Congreso, miles de personas con banderas de Colombia se movilizaron desde distintos puntos de Bogotá para desembocar en la Plaza de Bolívar, donde se ubican el Congreso y el Palacio de Justicia. “Por la vida y la paz paren la masacre”, se leía en el cartel de un manifestante.

Otras protestas pacíficas se realizaron en Medellín, Cali, Villavicencio, Ibagué, Bucaramanga y Cúcuta. En el puerto de Buenaventura se reportaron choques entre inconformes y la policía, que intentó levantar un bloqueo.

En tanto, el presidente designó a la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez como nueva canciller, en sustitución de Claudia Blum, quien renunció en medio de las críticas internacionales por la represión.

En exte contexto, Standard & Poor’s quitó ayer el grado de inversión a Colombia, al rebajar la nota en moneda extranjera a largo plazo a BB+, citando un ajuste fiscal que podría ser más prolongado de lo estimado previamente, disminuyendo la probabilidad de revertir el reciente deterioro en las finanzas públicas.