En 68 de las 142 áreas naturales protegidas (ANP) del país hay concesiones mineras y mil 609 permisos de esa industria “se traslapan”, informó la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Existen, además, 466 “presas de jales”, es decir, de residuos tóxicos arrojados por la minería, en las cuales se han registrado 23 incidentes en un periodo de 33 años.

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que se “revisará” el sector y, en el caso de la contaminación del río Sonora, provocada en 2014 por Buenavista del Cobre, “el expediente está abierto”, advirtió. La semana próxima habrá una reunión con los afectados.

En cuanto a la explotación del litio informó que su gobierno solicitó asesoría a su contraparte de Bolivia para definir –a partir del análisis de ese modelo– la política pública para los yacimientos del metal.

En la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, la titular de la Semarnat, María Luisa Albores, dijo que el objetivo es hacer “una revisión muy seria”, en especial de las presas de jales, aunque admitió que en este tipo de situaciones “no hay una solución con vara mágica”.

En el informe de la dependencia se indica que durante el periodo 2006-2018 la minería extrajo más de mil 59 toneladas de oro, equivalente a casi seis veces lo obtenido en 300 años de periodo colonial; igualmente, logró 48 mil 626 toneladas de plata, más de 90 por ciento del registro en ese mismo periodo. En 2015 se extrajeron más de 123 toneladas de oro.

Durante el periodo neoliberal, añadió, alrededor de 75 por ciento de las concesiones mineras se otorgaron a empresas extranjeras.

La superficie destinada actualmente a la minería es de 21 millones de hectáreas, extensión similar a la de Chihuahua.

Hay 503 concesiones en etapa de exploración, 96 en producción, 49 en desarrollo, 503 detenidas y en revisión y seis operaciones cerradas.

“El 11 por ciento del territorio del país está concesionado a actividades mineras hasta por 50 y 100 años”, señaló.

En cuanto a la actividad en las APN, precisó que abarcan 7.7 por ciento de las 1.5 millones de hectáreas de estas zonas especiales y, de las mil 609 concesiones que se traslapan, 75 por ciento tienen presencia en áreas de protección de los recursos naturales, 63 por ciento en reservas de la biósfera, 45 por ciento de las áreas de protección de flora y fauna, 22 por ciento de los santuarios y 15 por ciento de los parques nacionales.

En tanto, un centenar de empresas tienen concesiones de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales y permisos de descarga, cantidad en ascenso desde 1994. En las zonas con gran tradición minera la población vive en condiciones de pobreza, y “con la complicidad de gobiernos pasados las empresas han arrasado con ecosistemas y cuentas hidrológicas, contaminando regiones enteras”.

El presidente López Obrador preguntó: ¿Qué hicieron los seudoambientalistas conservadores? ¿Dónde están las denuncias?, ¿dónde están los amparos? “Claro que esto lo vamos a revisar”, advirtió.