La Unifor, el sindicato más grande del sector privado de Canadá, formalizó su solicitud ante las autoridades laborales mexicanas para ser observador en la segunda votación sindical de la planta General Motors en Silao, Guanajuato, luego de que se ordenó reponer el proceso de legitimación del contrato colectivo de trabajo (CCT).
Jerry Dias, presidente del gremio y quien fungió como asesor para el equipo canadiense que negoció las nuevas disposiciones laborales del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), señaló que se requiere “la presencia de observadores canadienses” para asegurar una contienda “libre y justa” para los trabajadores en la próxima votación sindical, que se estima sea en la primera semana de junio.
“Este voto representa un detonante en la lucha por los derechos de los trabajadores en México y América del Norte”, comentó Dias.
Recordó que en las semanas recientes destacan acusaciones provenientes de México relacionadas con la “manipulación ilegal de votos, la destrucción de boletas y la intimidación que sufrieron los trabajadores por parte del sindicato de la Confederación de Trabajadores de México (CTM)”.
En tanto, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) acreditó diversas anomalías y violaciones al protocolo para la legitimación de CCT existentes, entre ellas la negativa del sindicato Miguel Trujillo López para que Patricia Juan Pineda, integrante del Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical, participara en la consulta como observadora a pesar de estar debidamente acreditada por la autoridad laboral.
De acuerdo con el documento de resolución, la dependencia también detectó irregularidades como: actos de violencia, intimidación o coacción tendientes a impedir que los trabajadores votaran; no hubo resguardo del material de la consulta, cuyas boletas no se encontraban foliadas y selladas; se permitió votar a personas sin identificación oficial, y no se entregó a todos los trabajadores copia de su CCT.
La consulta, en la que habrían de participar 6 mil 494 trabajadores, se realizó el 20 y 21 de abril. Un día después, dados los hechos antes descritos, las autoridades laborales cancelaron el proceso y posteriormente ordenaron su reposición en un plazo de 30 días.
