Las autoridades mexicanas no han asumido su responsabilidad de proteger los derechos humanos de los migrantes como marca la Constitución. Al contrario, “hay violación constante y sistemática” de sus garantías, coincidieron especialistas.

En el foro El futuro de los derechos humanos en la frontera norte de México, Graciela Zamudio, directora de la organización Alma Migrante, señaló que hay un patrón de desinformación masiva, “ausencia total de la explicación de cuáles son los derechos de las personas migrantes y criminalización” no sólo hacia ellos, sino también de sus defensores.

En el encuentro, organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México –en el que también se rindió homenaje a Jorge Bustamante, fundador de El Colegio de la Frontera Norte (Colef)– Zamudio mencionó que en esta zona del país hay secuestros de migrantes que no son investigados y se ha documentado un “patrón de conducta del Instituto Nacional de Migración que trunca el proceso de integración a la sociedad” de quienes intentan regularizarse.

Juan Antonio del Monte, del departamento de Estudios Culturales del Colef, dijo que las personas deportadas y en movilidad que transitan por las calles de Tijuana, Baja California, “son tratadas de manera inhumana sistemáticamente, son consideradas seres desechables”. Refirió que según la Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes, uno de cada tres agresores de indocumentados son agentes estatales. Agregó que de acuerdo con diferentes estudios, muchas personas en movilidad han sido levantadas por la policía municipal.

Indicó que con los arrestos arbitrarios no sólo se violan los derechos humanos, sino que los policías los despojan de sus cosas y los utilizan para elevar las cifras de detención.