La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinará hoy si se confirma una orden de suspensión de actividades que se emitió en diciembre de 2018 en contra de una granja porcícola que se instaló en la comunidad maya de Homún, Yucatán, lo cual sentaría un precedente sobre la importancia de las acciones preventivas en materia medioambiental.

Así lo indicó Lourdes Medina, abogada de la organización civil Equipo Indignación, quien enfatizó que en los casos donde se sospeche que pueda haber un posible daño a la tierra y los recursos naturales, las autoridades judiciales deben dictar medidas de suspensión y no esperar a que las afectaciones ocurran.

En entrevista, la litigante recordó que en 2016 los pobladores de Homún notaron que se empezó a construir una carretera en la salida de la comunidad, y tras preguntar sobre ello al alcalde, éste admitió que había dado un permiso para la construcción de una granja de cerdos –con capacidad de criar más de 49 mil animales– sin consultar primero a los habitantes.

Fue en septiembre de 2018 cuando un grupo de seis niñas y niños de Homún promovió un amparo que llevó a la suspensión de las actividades de la granja en diciembre de ese mismo año, la cual fue impugnada por la empresa y las autoridades municipales. De entonces a la fecha, el juicio sigue su curso y ahora se encuentra en la fase de desahogo de pruebas.

“La SCJN tiene en Homún la oportunidad de explotar criterios judiciales en materia de suspensión, pues es fundamental si se otorga o no. Como reconocen la Corte y los científicos, los daños ambientales pueden ser irreversibles y costosos, y es poco probable que haya recuperación”, por lo que no se debe esperar a que esas afectaciones comiencen a ocurrir, señaló Medina.