Tula, Hgo. Operadores de camiones de carga de Tula y dueños de cinco minas de Tezontepec de Aldama denunciaron “el cobro forzoso” para cruzar un camino y un puente por parte de pobladores de Santa María Macuá y Santiago Acayutlán, comunidades de esos municipios, respectivamente, por lo que pidieron la intervención de las autoridades municipales y estatales.

En Tula transportistas de material pétreo acusaron tanto a las autoridades como a los pobladores del ejido de Santa María Macuá de exigirles, con el pretexto de regirse bajo usos y costumbres, el pago de "peaje" cada vez que transitan por un camino de 350 metros para llegar a la mina del Daxthi, ubicada del lado del Estado de México, lo que consideran injusto.

A cada uno de los 60 tractocamiones que llegan a pasar por el camino les cobran una cuota de 50 pesos; a los torton, 30 pesos por cada viaje y 20 pesos por cada uno de los denominados rabones, especificaron los afectados.

Señalaron que los recibos que les expiden indican “cooperación voluntaria”; sin embargo, en realidad “son cobros obligatorios”, pues en caso de negarse les bloquean el paso o los amenazan de despojarlos de sus vehículos.

Destacaron que los recibos no les sirven ni como comprobantes fiscales para sus declaraciones ante el Servicio de Administración Tributaria.

El pasado 10 de mayo los pobladores de Santa María Macuá cerraron el camino en protesta por los daños que, aseguraron, causaron los camioneros, así como a un puente de piedra, debido a que los transportistas de material anunciaron que dejarían de pagar el peaje.

Tras varias horas de bloqueo, los pobladores permitieron el paso luego de que los materialistas aceptaron seguir pagando.

En el vecino Tezontepec de Aldama cinco minas de arena, grava, tepetate y de otros materiales están paralizadas desde hace un mes ante la negativa de sus dueños de pagar el peaje de los camioneros por cruzar un puente vehicular de 10 metros sobre el río Tula a ejidatarios de Santiago Acayutlán.

Las cuotas son de 150 pesos por cada vez que los camiones de carga cruzan por el puente para ir a las cinco minas y que los ejidatarios cobran a los propietarios de los yacimientos por orden de Guillermo Díaz Jiménez, delegado de la comunidad.

Jorge Vázquez y otros dueños de minas de material pétreo se negaron a pagar las cuotas, por lo que Guillermo Díaz prohibió la circulación de los vehículos, lo que mantiene paralizada la actividad desde hace mes y medio.

En la entrada del puente, de propiedad federal, los vecinos de Santiago Acayutlán colocaron una placa de metal amarilla con un círculo negro que anuncia la prohibición del paso y una manta con la negativa del paso a vehículos de carga por el pequeño puente.

“Puente fracturado ¡Prohibido el paso! a carros pesados y areneros, de ser sorprendidos se les retendrá la unidad por acuerdo de las comunidades", refiere la manta; solo pasan autos particulares.

“Por turnos, la gente del pueblo se pone a un lado del puente y empiezan a checar cuántos camiones provienen de las minas que están en la cabecera municipal y después exigen el pago de 150 pesos por unidad y 60 por carro rabón, lo cual no hemos aceptado”, señaló en entrevista Jorge Vázquez.

“Soy ingeniero y puedo decir que el puente está bien. Pero la gente de Santiago Acayutlán ahora dice que está en mal estado para presionarnos y obligarnos a pagar las cuotas. Como no hemos aceptado, pusieron la placa y la manta donde nos amenazan con retener las unidades de carga”, explicó.

Hace dos semanas, narró, el delegado llevó a un grupo de vecinos a la ciudad de Pachuca para manifestarse en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) federal para exigir la construcción de otro puente o un vado para cruzar el río. "Obviamente lo quieren para tener el control del mismo y cobrar un peaje", señaló.

Detalló que la gente que compra arena y otros materiales son particulares que no tienen contratos fijos con empresas y por lo tanto no tienen percepciones económicas fijas ni altas. "Por eso nos cobran el peaje a los mineros, no a los transportistas como ocurre en otras partes".

Expresó que los dueños están dispuestos a aportar en especie a la comunidad “como siempre lo hemos hecho, pero no aceptaremos pagar la cuota que nos quieren imponer porque es injusta y desproporcionada, sobre todo porque el puente es de propiedad federal y no de la comunidad de Santiago Acayutlán".

Tras el paro de minas, Jorge Vázquez junto con otros propietarios y transportistas acordaron enviar una carta a Santiago Hernández Cerón, alcalde de Tezontepec de Aldama, para solicitar su intervención en el conflicto; siguen en espera de respuesta.