El juez Juan Pablo Gómez Fierro concedió ocho nuevas suspensiones definitivas y con efectos generales contra la Ley deHidrocarburos.

Las medidas cautelares fueron otorgadas a las empresas Servicio Villa de Arista, Petrotal, Cimagas, Centro de Distribución de Autoconsumos de Occidente, Comylub Mexicana, Comylub, Comercializadora Industrial de Hidrocarburos y Tiger Fuel.

Con éstas, suman 14 las medidas precautorias similares que los dos juzgados especializados en esta materia han emitido en favor de empresas privadas.

En los acuerdos respectivos, Gómez Fierro sostiene que el propósito de fortalecer a Pemex no puede justificar la no observancia del contenido de la Constitución, que con la reforma energética del gobierno anterior incluyó medidas para permitir el ingreso de nuevos participantes en el mercado de los energéticos.

También contesta a los señalamientos de la Cámara de Diputados, que advirtió que las suspensiones favorecen el robo y venta de combustible robado, práctica conocida como huachicoleo.

Sigue el juicio

Gómez Fierro sostiene que el combate a estos ilícitos está contenido dentro de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos y en el Código Penal Federal.

En su acuerdo, advierte a las autoridades que si incumplen con esta suspensión serán sujetos a castigos, incluso de cárcel: “se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de 50 a 500 días, destitución e inhabilitación para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos al servidor público que no obedezca un auto de suspensión”.

No obstante, agrega que la suspensión “no implica que queden insubsistentes las normas reclamadas, sino que únicamente sus efectos se postergarán en el tiempo, hasta en tanto se resuelva en definitiva sobre su constitucionalidad, con lo que se conserva la materia del juicio.”