Ciudad de México. Las concesiones mineras en el país abarcan una superficie equivalente al estado de Chihuahua. Al ser catalogadas como de utilidad pública, han pasado sobre los derechos de comunidades y tienen derechos al agua por encima de los que tienen los pobladores. Pero además del uso que este sector hace del líquido, están las refresqueras que venden alrededor de 70 mil millones de pesos, mientras el sector público destina tan sólo 2 mil 500 millones de pesos en infraestructura de agua potable.

Esto expusieron expertos en la presentación virtual de la agenda ambiental 2021, convocada por el Seminario Universitario de Sociedad, Medio Ambiente e Instituciones (Susmai). Propusieron cambios a la Ley Minera para que deje de tener el carácter de utilidad pública, que ha perjudicado a comunidades; la expedición de la Ley general de aguas; desarrollar una legislación en materia de plaguicidas, y cumplir con la legislación en materia energética que ya existe en distintas disposiciones legales.

Pedro Moctezuma, de la Coordinadora Nacional Agua para todos, se refirió a que “estos son momentos de crisis del agua, anunciada desde hace dos décadas. En la misma zona donde había una grave escasez hoy se presentan inundaciones, Hay una gestión del agua que no respeta los ciclos naturales, centrada en obtener ganancias en ciclos cada vez más cortos, con extracción y desecho del agua, sin tratamiento, ni reuso, ni separación de aguas de lluvia de las residuales”.

Recordó que desde hace ocho años el Congreso está en omisión ya que no ha emitido la Ley General de Aguas, y recordó que se trabajó tres años con las comisiones de medio ambiente con cinco iniciativas que se lograron consensuar, pero ahora llega otra legislatura y no se concreta. Llamó a que en un periodo extraordinario se apruebe la ley.

Por su parte, Adrián Fernández, de Iniciativa Climática de México, dijo que el país debe diseñar un modelo de desarrollo de energía que convenga a los mexicanos y “hay que poner atención al marco legal que no se cumple. Hay una ley de Transición Energética con metas crecientes para la entrada de energías limpias, que no se cumplirán, y tampoco aspectos de la ley de cambio climático, compromisos del Acuerdo de París”.

Señaló que hay normas como la de eficiencia de los vehículos, que no se actualizan debido a que “es un sector capturado por la industria automotriz”. Añadió que se debe garantizar el acceso universal a la energía y atacar la pobreza energética.

A su vez, Fernando Bejarano, de la Red de Acción sobre Plaguicidas y Alternativas en México (Rapam), planteó el impulso de una ley general de plaguicidas: “el gobierno heredó un uso masivo de plaguicidas altamente peligrosos”, se requiere un nuevo enfoque estratégico que ya proponen organizaciones internacionales. Dijo que en otras administraciones se seguía el modelo de agricultura heredado por la revolución verde, se requiere un sistema alimentario justo y sostenible, donde se aplique el principio de precaución.

La investigadora Leticia Merino se refirió a que la desregulación de la minería, actividad que ha crecido desde el TLCAN, propuso se derogue la fracción del artículo 19 de la ley minera que establece la medida de ocupación temporal cuando no hay acuerdo de venta de tierras; establecer como causales de cancelación los daños ambientales, a la salud pública, violaciones a derechos humanos y operar sin el consentimiento previo, libre e informado de los afectados por las actividades mineras. También dijo que se debe abrogar el artículo seis de esa ley que la ubica como de carácter de utilidad pública.