La ausencia de información pública sobre el tráfico de armas ilícitas impide la rendición de cuentas e incluso la colaboración entre instituciones para prevenir, investigar y sancionar estas acciones criminales, plantearon este martes comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (Inai), funcionarios e integrantes de organizaciones civiles en la “Semana de Gobierno Abierto”, en la que participa México como integrante de la Alianza para el Gobierno Abierto.
En una mesa de diálogo, el comisionado del Inai, Adrián Alcalá planteó que el tráfico de armas se vincula estrechamente con hechos delictivos, violaciones graves a los derechos humanos y la reducción de la esperanza de vida de la población.
Miroslava Ortiz Flores, del Observatorio Nacional Ciudadano Seguridad, Justicia y Legalidad, consideró que México puede avanzar en el control de tráfico de armas mediante más y mejor información.
Señaló que México es un país de tránsito y recepción de armas ilícitas, por lo que se requieren mayores controles en las fronteras, que las autoridades tengan una mejor información relativa a las armas lícitas, con registros de producción, compra, usuarios finales, lo que sucede con ellas cuando son desechadas, extraviadas o robadas.
“Necesitamos además que en flujo ilícito necesitamos explotar las bases de datos sobre aseguramientos de armas de una mejor manera, que no solo tengan datos cuantitativos, sino que nos permitan generar una caracterización de estos fenómenos”.
En su visión, el mapeo, registro y mejora de la información debe incluir también los flujos financieros relacionados con el control de armas.
Montserrat Martínez, de la Organización 24 0, señaló que para controlar el tráfico de armas, se necesita entender su ciclo de vida útil, producción, distribución, adquisición, transferencias lícitas e ilícitas, almacenamiento y destrucción.
El Mayor A.B. Rubén Gonzalo Estrada Gutiérrez, de la Secretaría de la Defensa Nacional, consideró que para el control de las armas lícitas e ilícitas se requiere a nivel nacional de una “mayor corresponsabilidad de los diferentes organismos de procuración de justicia y de las corporaciones policíacas”. Todos las instituciones “deben ser corresponsables, todos, para evitar que un solo organismo tenga que cargar con esa tarea exclusiva de la vigilancia del control de armas”.