Acapulco. La activista guerrerense Kenia Hernández Montalván, interna en un penal federal femenil de Morelos desde el 26 de octubre pasado, inició una huelga de hambre el lunes, como medida de protesta por la constante criminalización de su expediente, emprendida por la Fiscalía General de la República (FGE) y Caminos y Puentes Federales (Capufe), instancias que se han negado a aceptar un acuerdo reparatorio conla acusada.

El abogado de la activista, Antonio Lara Duque, representante del Centro de Derechos Humanos Zerefino Ladrillero, subrayó que Kenia Hernández no tiene porqué seguir en prisión, si es que se aplica el Estado de derecho, pues los delitos de que se acusa a Kenia no son considerados como graves.

En entrevista telefónica, el abogado especificó que de octubre a la fecha, a Kenia se le han iniciado siete causas penales, de las cuales cinco son del ámbito federal y dos del fuero común, en el Estado de México.

El litigante recalcó que de las cinco causas penales federales, todas son susceptibles de establecer un acuerdo reparatorio, de acuerdo al Código nacional de procedimientos penales, por no ser delitos de alto impacto.

Sin embargo, Lara Duque comentó que “hay una cerrazón, particularmente por parte de Capufe y de la FGR, para mantener a Kenia en prisión”.

En ese sentido, Lara Duque mencionó que se abrió un periodo de acuerdo reparatorio para que Kenia pudiera obtener su libertad, y la Capufe manifestó que no tiene ninguna intención para ello.

Ante esta situación, grupos y colectivos que han mostrado su respaldo a la activista, especialmente el Frente Popular de la Montaña, y que habían emplazado al gobierno federal y a la FGR a establecer mesas de trabajo en la búsqueda de un acuerdo reparatorio, como lo indica la ley, pero que fueron ignorados, instalaron un plantón permanente en la Secretaría de Gobernación en la Ciudad de México, donde también visitaron la embajada de la Unión Europea, explicó el abogado.

“El objetivo es poner en evidencia que no hay la intención de apegarse a derecho, la intención es mantener a Kenia en prisión”, destacó.

Los jueces del Estado de México, especialmente los de Ecatepec, han puesto en tela de juicio los orígenes indígenas de Kenia, pues habla español y estudió, y de esa manera aplicar penas mayores y más severas, explicó el defensor.

“Estamos conscientes que con la huelga de hambre, Kenia pone en riesgo su salud, su integridad, pero ella decidió emprender este acto de protesta pacífica, civil, enérgica, que pone su vida en la línea para exigir justicia”, e hizo un llamado al presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, y a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, a Capufe y la FGR, a reflexionar sobre esta situación.