Con el aumento en la deuda que ha dejado la pandemia de Covid-19 “viene un tsunami de austeridad”, pese a que necesitan marcos fiscales más progresivos para atender la escalada de pobreza y desigualdad, advirtieron especialistas. Muestra de ello es que el año pasado 73 multimillonarios en América Latina aumentaron su riqueza 42 mil millones de dólares, mientras 52 millones de personas ingresaron a la pobreza, según la Iniciativa por los Principios de Derechos Humanos en la Política Fiscal, coordinada por siete organizaciones civiles de la región.
El endeudamiento se disparó con la emergencia sanitaria del año pasado, pero fue un avance acumulado de la década reciente, pues pasó de 40.2 por ciento del producto interno bruto (PIB) a 62.3 por ciento entre 2011 y 2020; mientras el pago de intereses se triplicó, al pasar de 6.6 por ciento de los ingresos a un promedio de 17.2 por ciento, detalló Daniel Munevar, oficial senior de incidencia y políticas de la red europea de deuda y desarrollo Eurodad.
Frente a la magnitud del endeudamiento, la “respuesta multilateral ha sido insuficiente”. Por ejemplo, la Iniciativa de Suspensión del Servicio de la Deuda (ISSD) ha tenido efecto en 5 mil 300 millones de dólares. No obstante, “los países en desarrollo pagaron a sus acreedores 70 veces esa cifra en 2020”, expuso Munevar, durante la Semana por la Justicia Fiscal y los Derechos Humanos.
Detalló que el año pasado los países en desarrollo recibieron 178 mil millones de dólares en nuevos créditos, pero el servicio de la deuda absorbió 372 mil millones. Como resultado, en medio de la crisis, las economías transfirieron 194 mil millones de dólares a sus acreedores. En América Latina los intereses fueron de 143 mil millones de dólares y pese a los nuevos créditos las transferencias netas alcanzaron 68 mil millones de dólares.
Además, ha orillado a que un mayor número de países en la región recurran al Fondo Monetario Internacional (FMI), caracterizado porque sus programas ignoran el enfoque de derechos humanos en el rubro fiscal, expresó el especialista. Previo a la crisis, cuatro países de América Latina tenían asistencia del organismo, a la fecha son 19, lo que presagia “un periodo extendido de consolidación fiscal e inestabilidad social”, aseguró Munevar.
Isabel Ortiz, directora de Programa de Justicia Social Global de la Universidad de Columbia, calculó que este año 154 países redujeron el gasto público como proporción del PIB –alrededor de 85 por ciento de las economías que a su vez inciden en 6 mil millones de personas– y se prevé que en los próximos cinco años se mantengan las medidas de austeridad.
La investigadora advirtió que “viene un tsunami” de recortes al gasto público bajo el marco de mismas soluciones promovidas por el FMI en la crisis financiera global. De acuerdo con la revisión de 779 informes del organismo, se observa que más de 100 países eliminaron subsidios, recortaron sueldo a empleados públicos, hicieron programas focalizados de asistencia social, reformas a pensiones que ahora garantizan pobreza para la población anciana y aumentaron impuestos a bienes y servicios básicos; y en menor medida hicieron privatizaciones y recorte al gasto en salud.
A unos días de que el gobierno de Colombia reprimió a su población por manifestarse en contra de un paquete fiscal que gravaba productos básicos, la investigadora expuso que las medidas de austeridad durante la última década han resultado en manifestaciones en 101 países. Se debe a que decisiones así “no se pueden tomar por unos tecnócratas en un palacio de gobierno”, sino de cara a la población, recalcó.
