Marisol Tapia interpuso una denuncia civil en la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México contra 22 funcionarios y ex funcionarios por el colapso de una trabe de la línea 12 del Metro, donde murió su hijo Brandon Giovanni y otras 25 personas. Asimismo, solicitó la separación inmediata de la directora del Metro, Florencia Serranía Soto, para “evitar la manipulación o desaparición de evidencias.
“Vengo a denunciar hechos que infringen las obligaciones como servidores públicos y que constituyen, a mi juicio, faltas graves cometidas en mi agravio y de mi menor hijo por los señores Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum y Florencia Serranía”, afirmó.
“Además, que se investigue al ex jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera, a ex funcionarios de la Secretaría de Finanzas como Mario Delgado, Jesús Orta Martínez y Juan Carlos Mercado, y los contralores Hiram Almeida, Eduardo Robelo y Juan José Serrano.”
Su abogado, Teófilo Benítez, quien es financiado por el Partido Elige, detalló que otros personajes señalados son Enrique Horcasitas, Joel Ortega, Jorge Gaviño y Édgar Tungüí, así como las empresas ICA, Carso, Alstom, Grupo Colinas de Buen, Systra y TSO.
“En la construcción de la línea 12 hubo corrupción de varios miles de millones de pesos y desde el accidente en el puesto de control central iniciamos una investigación por el desvío de recursos, que ha impactado en la falta de mantenimiento”, argumentó.
Las investigaciones deben llegar hasta sus últimas consecuencias, pues existe una cadena de responsabilidades de administraciones pasadas y la actual, encabezada por Claudia Sheinbaum, y por ello se presentará también una denuncia penal por homicidio doloso, dijo.
Tras ofrecer sus servicios gratuitos a quienes decidan denunciar, como el señor Enrique Bonilla Ruiz, quien no ha recibido ningún tipo de ayuda de las autoridades, aclaró que “no estamos buscando un beneficio económico, sino que se haga justicia”.
La señora Marisol puso a disposición de las autoridades los 50 mil pesos recibidos, que “están íntegros, a cambio de que me regresen a mi hijo”, y denunció que hasta el momento no ha recibido ninguna ayuda sicológica o acompañamiento del gobierno.
Advirtió que “si algo me sucede por alzar la voz y exigir justicia, hago responsable a las autoridades capitalinas”.
