El Instituto Nacional Electoral (INE) identificó operaciones de 666 empresas fachada o fantasma en las campañas electorales “con las que los partidos políticos y sujetos obligados han tenido alguna operación. Verificaremos quiénes son los que han tenido estas operaciones, dónde están y de qué tipo han sido” para iniciar procedimientos administrativos y, en su caso, denuncias penales. Cuando los partidos y candidatos reporten sus gastos se confrontarán estos movimientos y, de corroborarse, también serán sancionados, anticipó la consejera Carla Humphrey.
Destacó la colaboración que mantiene el INE con autoridades hacendarias, pero reprochó las objeciones de la Fiscalía General de la República (FGR) para entregar información asociada con asuntos judiciales que impiden concluir investigaciones relevantes, como el caso Odebrecht, argumentando el secreto ministerial. El INE es la única autoridad que fiscaliza recursos de los partidos, ninguna instancia puede impedir el acceso a la información por esta causa o aduciendo el secreto bancario, fiscal o fiduciario.
La Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) inició la revisión del primero de dos informes que presentaron hace una semana candidatos a diputados federales y a gobernador cuyas campañas comenzaron el 4 de abril. Son parte de los 19 mil candidatos que el INE fiscalizará, “una tarea titánica” que requeriría que partidos y aspirantes cumplan en los plazos legales; “si todos quieren subir al final, pues claramente hay un riesgo de que pueda colapsar alguno de los sistemas”, dijo Humphrey.
Desde 2014, con la reforma electoral, se instrumentó el padrón de proveedores para partidos y abanderados, obligándolos a contratar sólo con este grupo de empresas, “aunque hay algunos que contratan a otras” que en su momento se investigarán. El padrón histórico es de 66 mil proveedores, de los cuales 22 mil estaban vigentes al iniciar el proceso electoral y de los cuales, en intercambio de información con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), se identificaron a 2 mil 426 como empresas fachada por su nulo movimiento financiero.
Subrayó que la semana pasada la UTF confirmó operaciones e inició investigaciones de las 666 empresas que ya realizaron al menos una operación en la contienda electoral. Desde hace un par de meses comenzaron algunos procedimientos de oficio, después se confirmaron ciertas operaciones y se está detonando la investigación. En el caso de partidos y candidatos, cuando entreguen su informe se confrontará cuáles han operado con dichos establecimientos.
–¿Podría derivar en denuncias penales?
–Si es el caso, también. Tenemos que allegarnos información y si con la documentación nos permite arribar a la conclusión que se cometió un delito no sólo debemos, hay la obligación de denunciarlo.
La operación de estas empresas fachada permitió el desvío de recursos públicos hacia las campañas electorales en los pasados dos sexenios, muchas de ellas se constituyeron poco antes de iniciar las elecciones y recibieron contratos por millones de pesos. De ahí la importancia de la colaboración con la Unidad de Inteligencia Financiera, el SAT y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Humphrey reconoció que un problema central en México y el mundo es el flujo de dinero en efectivo en las campañas, porque es muy complicado rastrear; el Banco de México tiene identificado plenamente el crecimiento del uso de dinero en efectivo en campañas. Por eso, la ley fija que los partidos no pueden gastar por esta vía arriba de 90 unidades de medidas y actualización (8 mil pesos), y el resto debe ser a través del sistema financiero, para evitar dinero ilícito en campañas.
