Ciudad de México. La pandemia de deuda que ha dejado la Covid-19 en el mundo, y sobre todo en los países desarrollados, llevará a que decenas de economías recorten el gasto en menoscabo de la protección a derechos humanos. “Viene un tsunami de austeridad”, advirtieron especialistas.

El aumento en el endeudamiento se disparó con la emergencia sanitaria del año pasado, pero no inició ahí. En los países en desarrollo se vio que la deuda pasó de 40.2 por ciento del producto interno bruto (PIB) a 62.3 por ciento entre 2011 y 2020.

Ante dicha escalada, los ingresos se ven rebasados. En la misma década, el servicio de la deuda triplicó la proporción de recursos públicos que absorbe, al incrementar de 6.6 por ciento a un promedio de 17.2 por ciento, detalló Daniel Munevar, oficial senior de Incidencia y Políticas de la Red europea de deuda y desarrollo Eurodad.

Incluso el pago de intereses representa en promedio 1.6 veces lo que se destina a salud pública en 62 países. Esto no inició con la pandemia, hubo una “desinversión sistemática en servicios de salud a los largo de los últimos diez años “, detalló Munevar. Situación que sumada a Covid-19 llevó a recurrir a más financiamiento.

Frente a la magnitud del endeudamiento, la “respuesta multilateral ha sido insuficiente”. Por ejemplo, la Iniciativa de Suspensión del Servicio de la Deuda (ISSD) ha tenido efecto en 5 mil 300 millones de dólares. No obstante, “los países en desarrollo pagaron a sus acreedores 70 veces esa cifra en 2020”, expuso Munevar, durante la Semana por la Justicia Fiscal y los Derechos Humanos.

Detalló que el año pasado los países en desarrollo recibieron 178 mil millones de dólares en nuevos créditos, pero el servicio de la deuda absorbió 372 mil millones. Como resultado, en medio de la crisis, la economías transfirieron en total 194 mil millones de dólares a sus acreedores. En América Latina los intereses fueron de 143 mil millones de dólares y pese a los nuevos créditos las transferencias netas alcanzaron 68 mil millones de dólares.

Patricia Miranda, coordinadora de incidencia en Latindadd, recalcó que al final la ISSD queda como una “falsa solución”. Primero porque no se beneficia a ninguno de los países latinoamericanos, pese a que en siete de ellos terminaron con más del 60 por ciento de su PIB embargado en obligaciones financieras debido a la pandemia.

Mayor inestabilidad social por programas del FMI

Además, ha orillado a que un mayor número de países en la región recurran al Fondo Monetario Internacional (FMI), caracterizado porque sus programas ignoran el enfoque de derechos humanos en el rubro fiscal, de acuerdo con los especialistas. Previo a la crisis 4 países tenían asistencia del organismo, a la fecha son 19, los que presagia “una periodo extendido de consolidación fiscal e inestabilidad social”, dijo Munevar.

De acuerdo con cálculos de Isabel Ortiz, directora de Global Social Justice Program de la Universidad de Columbia, se dispararán los recortes al gasto público como proporción del PIB. Como resultado, entre 2021 y 2022, el 85 por ciento de la población, alrededor de 6 mil millones de personas “van a sufrir la austeridad”.

La investigadora advirtió que “viene un tsunami” de recortes al gasto público bajo el marco de mismas soluciones promovidas por el FMI en la Crisis Financiera Global. De acuerdo con la revisión de 779 informes del organismo, se observa que 132 países eliminaron subsidios, 130 recortaron sueldo a empleados públicos.

Otros 107 hicieron programas focalizados de asistencia social; 105 hicieron reformas a las pensiones y seguridad social que ahora garantizan pobreza para la población anciana; 138 aumentaron impuestos a bienes y servicios básicos de la población más pobre.

También 60 realizaron privatizaciones por recomendación del FMI y 56 hicieron reformas a la salud en 56 países, reduciendo la capacidad de respuesta al Covid-19. Con excepción de esta última medida, Ortiz consideró que todas éstas se repetirán.

A unos días de que el gobierno de Colombia reprimió a su población por manifestarse en contra de un paquete fiscal que gravaba productos básicos, la investigadora expuso que las medidas de austeridad durante la última década han resultado en manifestaciones en 101 país. Se debe a que decisiones así “no se pueden tomar por unos tecnócratas en un palacio de gobierno”, sino de cara a la población, recalcó.

En general, se necesitan marcos fiscales más progresivos para atender los aumentos de pobreza y desigualdad. El año pasado, 73 multimillonarios de la región aumentaron su riqueza en 42 mil millones de dólares, mientras 52 millones de personas ingresaron a la pobreza, según Iniciativa por los Principios de Derechos Humanos en la Política Fiscal, coordinada por siete organizaciones civiles de la región.

Juana Sotomayor, oficial de derechos humanos de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, retomó que en general hay una desconexión entre la política fiscal y los derechos humanos y esto se debe a la manera en que está constituida la arquitectura financiera internacional. Subrayó que detrás de las políticas macroeconómicas se requiere ver a los jubilados y mujeres que resienten el diseño de éstas.