París. Reporteros Sin Fronteras (RSF) inició un procedimiento el domingo ante la Corte Penal Internacional (CPI) tras los bombardeos israelíes contra un edificio con oficinas de medios de comunicación en Gaza, al considerar que podría tratarse de un "crimen de guerra", indicó un portavoz de la ONG a la AFP.

"Desde hace una semana, las oficinas de 23 medios locales e internacionales han sido destruidos por bombardeos aéreos israelíes de precisión", declaro RSF en su petición, pues los bombardeos alcanzaron oficinas de medios palestinos y extranjeros.

"RSF considera que apuntar voluntariamente contra medios y destruir totalmente y de forma intencionada sus equipos supone un crimen de guerra en virtud del artículo 8 del Estatuto de Roma", recoge un correo con fecha de 16 de mayo, enviado a la fiscal general, Fatou Bensouda.

"El ejército israelí no solo infligió daños materiales muy importantes a las redacciones, cuyos periodistas, equipos e instalaciones son personas y bienes protegidos conforme a la protección debida a la población civil. También entorpeció la cobertura mediática de un conflicto que afecta directa y gravemente a la población civil", agrega RSF.

En Gaza, un edificio de 13 plantas que albergaba, entre otros, los equipos de la cadena de información catarí Al Jazeera y de la agencia de prensa estadounidense Associated Press (Ap) fue pulverizado el sábado por varios misiles. El ejército israelí había solicitado previamente que el inmueble fuera evacuado.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, apuntó que el edificio era "un objetivo perfectamente legítimo", y afirmó que se basaba en informaciones de los servicios de inteligencia.

Asimismo, RSF recuerda que ya abrió un procedimiento ante la CPI después de que "el ejército israelí apuntara intencionadamente contra varias decenas de periodistas palestinos que cubrían las manifestaciones llamadas 'La marcha del retorno' en la primavera de 2018".

Así, RSF solicita a la Fiscalía general que incluya los acontecimientos de los últimos días en la investigación abierta en marzo sobre supuestos crímenes en los Territorios Palestinos, una iniciativa que Israel rechazó pero que los palestinos acogieron con entusiasmo.