Las crecientes manifestaciones de mujeres y feministas en torno a las violencias ejercidas contra ellas por razón de género han visibilizado las deficiencias de los Estados para atender sus demandas en la búsqueda de justicia. Su resolución pronta, efectiva y eficaz es indispensable para garantizar condiciones de vida dignas y libres de violencia a la población femenina en México y el mundo. Sin esto, la protección de la vida se vulnera, así como los sueños y propósitos de vida de miles y miles de mujeres, tal y como sucedió con la doctora Zyanya.
Zyanya Estefanía Figueroa Becerril era una médica de 26 años, que se encontraba en su segundo año de residencia médica para especializarse como pediatra en el Hospital del Niño Poblano, en la ciudad de Puebla. Una de sus mayores ilusiones era concluir sus estudios para brindar servicios profesionales a niñas, niños y adolescentes en Chiapas, pues le compartió a su mamá, la señora Patricia Becerril, que su pasión era la medicina, y que por ello anhelaba regresar a la Ciudad de México para hacer su subespecialidad en neonatología. Sin embargo, sus sueños y deseos se vieron interrumpidos de forma abrupta el 15 de mayo de 2018, cuando fue hallada sin vida al interior de su casa, supuestamente con maniobras de suicidio.
La versión oficial que estableció para el caso la Fiscalía de Puebla fue la hipótesis de suicidio, aunque sin cumplir con sus deberes de debida diligencia y perspectiva de género. Entre las varias omisiones graves que se cometieron durante la investigación, se encuentran el que no hubo un levantamiento exhaustivo de indicios en el lugar del hallazgo y, peor aún, el que no se investigó desde su inicio como un feminicidio, tal y como se estableció como estándar obligatorio en la sentencia Mariana Lima de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, proyectando una vez más una deficiencia ordinaria que se presenta de forma reiterada a escala nacional: la falta de perspectiva de género en las investigaciones de casos de muertes violentas de mujeres.
La perspectiva de género es una herramienta metodológica que consiste en visibilizar las desigualdades de género a raíz de los diversos sistemas de opresión. Su incorporación en los procesos de justicia es relevante porque ayuda a identificar las causales de las violencias contra las mujeres, mediante el análisis de las opresiones por cuestión de género. Siendo esto un elemento sustancial de justicia para los casos de feminicidio.
La familia de Zyanya se percató casi de manera inmediata de las incongruencias y deficiencias en la investigación que la Fiscalía de Puebla había abierto, que se enfocaba en fortalecer la hipótesis de suicidio, y no a investigar, como era su deber, un probable feminicidio. Decidieron ante ello realizar peritajes independientes que mostraban las inconsistencias del presunto suicidio, particularmente las relacionadas con los resultados médico-forenses, y comenzaron a tratar de subsanar la pérdida de material probatorio, mediante presiones a las autoridades investigadoras, con el fin de resguardar el lugar, ampliar sus actuaciones, y, sobre todo, reformular la clasificación de su muerte como feminicidio.
Es importante subrayar la omisión del protocolo de feminicidio desde el inicio de la investigación, pues no se investigó su muerte bajo esta causal, sino por suicidio.
Ello implica una negligencia por parte del Estado, ya que, de acuerdo con la sentencia de Mariana Lima Buendía, se estableció que “toda muerte violenta de mujeres de carácter doloso, debe ser investigada bajo los protocolos de feminicidio”. El caso de Zyanya no es un caso aislado, sino parte de una lógica estructural de violencias ejercidas contra las mujeres sólo por el hecho de serlo, mediante la omisión o acción de negligencias en los casos de mujeres asesinadas, lo cual genera la perpetuación sistémica de violaciones de derechos humanos en los procesos de justicia que, más allá de ser un “número/carpeta más”, se traduce en historias de dolor para sus familias, impactos en proyectos de vida, interrupción de sueños y anhelos de diversas mujeres, causados por un actuar inadecuado del Estado.
A tres años del presunto feminicidio de la futura pediatra, la lucha de los familiares continúa resistiendo frente a las omisiones del Estado, con su exigencia y búsqueda de justicia para Zyanya en las investigaciones. Por ello, se hace un llamado a las autoridades poblanas para que garanticen la implementación de la perspectiva de género en la investigación, así como a una debida diligencia, para que este caso no sea un “número más” de la impunidad, sino uno donde prospere la justicia y la verdad, aunque sea de manera tardía.
