Ciudad de México. El gobernador de Tamaulipas, el panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca, ya puede ser acusado penalmente por la Fiscalía General de la República (FGR) y llevado ante un juez federal.

Lo anterior, luego de que el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Juan Luis González Alcántara Carrancá, consideró que la controversia constitucional impulsada por el Congreso de la entidad referida “se desecha deplano, por notoria y manifiesta improcedencia”.

El pasado 30 de abril, al tiempo que la Cámara de Diputados decidió por mayoría el desafuero de García Cabeza de Vaca (militante panista electo para gobernador Tamaulipas de 2016 a 2022), y con ello dio curso a la solicitud de indagatoria penal de la FGR; no obstante, representantes del Congreso estatal presentaron una controversia constitucional con la cual pretendían que se mantuviera la inmunidad procesal para el mandatario estatal, al considerar que luego de la decisión en el Congreso federal, los diputados locales tenían que decidir la condición del jefe del Ejecutivo.

En una investigación realizada por la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada se detectaron compras no aclaradas de inmuebles por 228 millones de pesos por parte del mandatario y sus familiares, así como el uso de una empresa fantasma para triangular recursos en la adquisición de un departamento en Santa Fe, en la Ciudad de México, por 14.3 millones de pesos, que luego revendió en 42.1 millones, y las ganancias se depositaron.

El recurso legal buscaba que el máximo tribunal del país se pronunciara de manera definitiva sobre los procedimientos relativos al artículo 111 constitucional.

En la lista de acuerdos de la Corte, el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá informó: “dada la naturaleza e importancia de este procedimiento constitucional, se habilitan los días y horas que se requieran para llevar a cabo las notificaciones de este proveído.

“Se desecha de plano, por notoria y manifiesta improcedencia, la demanda presentada en vía de controversia constitucional por el Poder Legislativo de Tamaulipas.”

El 30 de abril, el proyecto de la Sección Instructora en San Lázaro fue avalado por mayoría para que se retirara el fuero a García Cabeza de Vaca y se le juzgue como presunto responsable de defraudación fiscal de 6.5 millones, delito sancionado con prisión de tres a nueve años.

La Alianza Federalista y la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional urgieron a la Corte a pronunciarse sobre la interpretación del artículo 11, referido al desafuero de autoridades estatales, pues es “trascendental para definir las relaciones entre la Federación ylas entidades respecto a los procedimientos de responsabilidad”.