Bogotá. Una joven de 17 años se suicidó después de haber sido llevada a rastras y presuntamente manoseada por policías que disolvían una protesta en Colombia, denunció una red independiente de derechos humanos, lo que desató nuevas manifestaciones contra la fuerza pública.

La noche del miércoles, la menor fue conducida hacia una sede de la fiscalía por agentes que se enfrentaban con manifestantes en la ciudad de Popayán, en el suroeste del país. En un video que se hizo viral, se ve a la joven gritando mientras la inmovilizan de pies y manos y la llevan hacia el sitio.

Según la Comisión de Garantías y Derechos Humanos, que acompaña las protestas que desde hace dos semanas enfrenta el gobierno del presidente Iván Duque, la menor manifestó que “la habían golpeado” y tenía “laceraciones en las manos”. En el video se escucha a la joven gritar “soltame, que me estás desnudando, imbécil”.

El jueves, la muchacha se suicidó cuando “estaba sola en su casa”. Antes de quitarse la vida expresó a su abuela “que le dolía el estómago y que la habían manoseado”, agregó la organización.

En el comunicado, la red de derechos humanos cita una publicación escrita presuntamente por la menor en la que denuncia que fue arrestada por unas horas por grabar el choque entre policías y manifestantes. “Me bajaron el pantalón y me manosearon hasta el alma”, indica.

Organizaciones feministas de Colombia convocaron protestas ayer en distintas ciudades del país en rechazo a la violencia sexual cometida por las fuerzas de seguridad. La Plataforma Grita señaló que de 2 mil 100 casos de agresión policial registrados desde el inicio del Paro Nacional se han constatado al menos 16 de violencia sexual contra mujeres.

Decenas de personas se manifestaron ayer frente a la comandancia de la policía en Popayán, en rechazo al abuso. La corporación negó dicho comportamiento, pero anunció la suspensión de cuatro uniformados implicados en el caso para “que asuman de manera directa su defensa”, señaló el general Ricardo Alarcón.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), órgano de la Organización de Estados Americanos, solicitó ayer a Colombia luz verde para una visita de trabajo a fin de observar de primera mano la situación en el país, sacudido desde hace dos semanas por masivas protestas antigubernamentales.

En una carta dirigida al gobierno de Duque, la secretaria ejecutiva interina de la CIDH, María Claudia Pulido, subrayó que espera una respuesta “a la mayor brevedad posible”, destacando la disposición de la CIDH a viajar “de manera inmediata a Colombia”.

El coordinador político del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), Jorge Sánchez, expresó: “Pedimos a la comunidad internacional colocarle atención a Colombia porque (la situación) puede terminar en una masacre de la movilización social, porque el gobierno lo que ha dicho es que ahí hay terrorismo, y con esa palabra lo que hace es un señalamiento directo a los movimientos sociales”.

Agregó que desde el 28 de abril, cuando comenzaron las protestas masivas contra una reforma fiscal propuesta por el gobierno, ya revocada, “el pueblo se levantó por muchas situaciones de desatención. Hoy están en las calles estudiantes, obreros, trabajadores informales, taxistas. Ese levantamiento ha sido un rechazo, porque el pueblo se cansó de la no atención y políticas públicas que atiendan a la sociedad”, expresó.

Entre las otras situaciones mencionó los altos índices de pobreza, la poca atención del gobierno a las periferias, leyes que siempre van contra el pueblo colombiano y la falta de cumplimiento de los acuerdos de paz con la ex guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.

Iván Cepeda, senador de izquierda, indicó que se presentó una denuncia ante la Corte Penal Internacional (CPI), pues “consideramos que el Estado colombiano no tiene voluntad de adelantar las investigaciones por abusos de la policía en las protestas ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, y eso es así porque hay un exceso de concentración de poder en el presidente Iván Duque”. Explicó que ello “ha quebrantado el principio de separación de poderes”, lo que justifica la querella ante la CPI.

La denuncia contiene reportes de delitos contra la población civil, como homicidio, tortura, privación grave de la libertad física, violencia sexual y desaparición forzada. Asimismo, da cuenta de al menos mil 595 hechos ocurridos en varios departamentos del país que demostrarían violaciones de derechos humanos.

“De estos hechos se aportó la identidad de 315 personas, se documentaron 24 casos de asesinato y 50 de víctimas de tentativa de asesinato, 16 de violencia sexual, 11 de desaparición forzada, 129 de tortura y mil 365 de detención irregular”, citó Cepeda. La denuncia, además, alerta sobre 435 personas que han sido reportadas como desaparecidas.