Ciudad de México. El caso de los abusos policiales graves que ocurrieron en la comunidad indígena de Arantepacua, Michoacán, en abril de 2017, podría ser atraído por la Fiscalía General de la República (FGR), debido a la falta de voluntad política y eficiencia de las autoridades locales para investigar lo ocurrido, señalaron organizaciones sociales que acompañan el tema.

Enrique Guerrero, integrante del Colectivo Liquidámbar, señaló que luego de la jornada de movilizaciones realizada el jueves en diversos puntos de la Ciudad de México, se logró que la FGR se comprometiera a analizar la posible atracción del caso.

“Las investigaciones deben atraerse al ámbito federal, porque más de cuatro años después de ocurridos los hechos, no hay ningún funcionario ni elemento policiaco bajo proceso, por ningún delito. Se ha acreditado la inoperancia de la Fiscalía de Michoacán y por esa razón la FGR debe conocer del caso”, indicó el activista en charla con La Jornada.

En el mismo sentido, recalcó que la Fiscalía estatal “ha intentado obstruir las investigaciones del caso. En su Recomendación 42VG/2020, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dice de manera pública que (las autoridades michoacanas) le ocultaron información y por eso presentó la queja correspondiente. Se acreditó el dolo y la intención de obstaculizar las investigaciones, porque la impunidad favorece a los actores políticos” responsables del abuso, añadió.

Guerrero señaló que la FGR también acordó diferir la audiencia en contra de seis habitantes de Arantepacua que fueron víctimas de detención arbitraria y tortura, “para analizar los datos de prueba que acreditan su inocencia y valorar el desistimiento de la acusación”.

A los detenidos, explicó, se les acusa de portación de arma de fuego, aunque la CNDH acreditó que fueron ilegalmente detenidos al interior de sus domicilios, sin arma alguna y fueron sometidos a tortura.

En la movilización del jueves, recordó, se interpuso una denuncia penal en contra de 46 funcionarios como presuntos responsables de los delitos de homicidio, tortura, tratos crueles, privación de la libertad y allanamiento de morada, cometidos contra la comunidad indígena de Arantepacua los días 4 y 5 de abril de 2017.

Guerrero subrayó que la comunidad “sigue firme” con su proyecto de autonomía, y adelantó que si no es posible encontrar verdad y justicia en este caso a través de ninguna instancia jurídica nacional, los habitantes de la localidad indígena podrían llevar el caso ante el sistema interamericano o el de las Naciones Unidas.

“Arantepacua no cesará la lucha hasta que haya justicia y reparación del daño, además de castigo a los responsables materiales e intelectuales. La comunidad no olvida ni perdona las atrocidades cometidas”, enfatizó.

Como se informó en este diario, los días 4 y 5 de abril de 2017 varios contingentes de la

Policía de Michoacán y de la Policía Ministerial del Estado entraron a Arantepacua para reprimir una manifestación popular, lo que dejó un saldo de al menos cuatro ejecuciones extrajudiciales, 10 casos de tortura y 56 allanamientos ilegales en domicilios.

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