La Fiscalía General de la República (FGR) lleva a cabo una evaluación de todo su personal sustantivo para detectar casos de funcionarios “conflictivos”, con poca disposición, “ineficientes” y “carentes de identidad institucional”, para que ya no sean recontratados bajo las nuevas reglas de operación, o bien, se les inicien procedimientos administrativos, refieren documentos del Sistema Institucional de Resultados.

Una muestra de la manera en que los jefes de área y mandos superiores están fiscalizando y definiendo a su personal ocurrió con 49 trabajadores de una subprocuraduría, a quienes además de considerarlos carentes de identidad institucional (sin que se aclare la definición de estos términos), se les señala como personas que no poseen “conocimiento técnico-jurídico y otros”, lo que forma parte de los informes rendidos por las distintas áreas y que se realizan en el contexto del “seguimiento a los acuerdos de la reunión del grupo directivo celebrada el pasado 28 de abril”.

En ese encuentro se acordó “no tener áreas con personal poco capacitado y carente de experiencia”.

De igual manera, se estará “revisando la actuación del personal” y su desempeño ministerial, además de que se hará un “análisis para determinar las conductas que estén omitiendo. En caso de que tales conductas sean graves, se deberán generar vistas al Órgano Interno de Control y a la Fiscalía Especializada de Asuntos Internos, como quejas en el servicio de carrera”.

Por otra parte, trabajadores de la Subprocuraduría de Control Regional de la FGR denunciaron que el titular de la Unidad de Investigación y Litigación “D”, Roberto Castillo Jiménez, los emplazó para cubrir turnos de 12 horas, de lunes a viernes, sin garantizarles el pago de tiempo extra.

En un oficio les advirtió: “y en caso de que no se refleje un avance significativo en la primera semana de mayo, también deberán presentarse los sábados, y si es necesario los domingos con el personal a su cargo.”

Los empleados afectados advirtieron que procederán legalmente contra esta acción que, señalaron, viola sus derechos humanos.