El Instituto Nacional Electoral (INE) inició ayer los preparativos para la realización de la consulta popular relacionada con la actuación de actores políticos del pasado, bajo la premisa de que no tendrá una ampliación presupuestal para ello y deberá hacer diversos ahorros para llevarla a cabo.
Edmundo Jacobo, secretario ejecutivo del INE, informó que una vez cubiertas las necesidades asociadas a la jornada electoral del 6 de junio se podrá tener más certeza sobre los recursos con los que se podría contar para ese ejercicio previsto para el primero de agosto.
Sin embargo no se puede esperar hasta el 6 de junio para detonar una serie de actividades relacionadas con este ejercicio, porque si fuera así ya “estaríamos imposibilitados para organizarlo”, explicó.
En sesión de la Junta General Ejecutiva del órgano electoral expuso que se ha estado trabajando en la planeación de la consulta, para dimensionar lo que implica en términos de organización y costos.
Antes de la aprobación de un proyecto para dicho ejercicio, relacionado con el tema informático, Jacobo Molina estimó que seguramente se tendrá que regresar al Consejo General para redefinir los lineamientos y el calendario del mismo en función de los recursos que se tengan.
Ante el titular del Órgano Interno de Control, Jesús George Zamora, consideró que se tendrá que ajustar el número de casillas a instalar, entre otros rubros.
También resaltó que antes de concluir este mes deberá reunirse la Comisión de Organización y Capacitación Electoral y el Consejo General para analizar los proyectos que se habían postergado por la falta de recursos y que tienen que ver con la impresión de las boletas y la tinta indeleble.
Luego de recordar que la Secretaría de Hacienda ya notificó al INE que no tendría una ampliación presupuestal para la consulta, expuso que ésta se llevará a cabo con recursos que la propia institución pueda generar a partir de ahorros, de la cancelación de proyectos y reducción de los alcances de los mismos.
En octubre del año pasado el INE solicitó mil 500 millones de pesos para llevar a cabo la consulta.
