Quizá sea un acierto decir que el estado de Guerrero es el más convulsionado del país, puesto que lo fue ayer, lo es hoy y no se ve que su futuro vaya a ser distinto. Todos hemos lamentado este infortunio, pero poco se ha hecho en auxilio de la entidad.

Cuando a los gobiernos federales les llega el fuego desde allá –recuérdense las guerrillas de Lucio Cabañas en la sierra de Atoyac o el drama de Ayotzinapa– hacen grandes promesas y obras – macrotúneles, aeropuertos, autopistas, presas– que no benefician directamente a los necesitados.

Los gobiernos locales pueden poco y hacen menos: su primera meta al comenzar sus gestiones es poder permanecer los seis años para los que fueron elegidos. La segunda es mantener un mínimo de paz social y, si se puede, hacer algo destacable.

Esta actitud no es reprobable a primera vista; corresponde en términos realistas a la medida de lo posible dentro de tantas ataduras que sufren los gobernantes locales, con el precario apoyo que del centro se logre alcanzar.

Sin necesidad de entrar en detalles de nombres de cárteles, guerrillas, agrupaciones de defensa social, caciques o datos numéricos, o de recordar hasta dónde las fuerzas del orden están coludidas con el crimen organizado y son insuficientes e impreparadas, es sencillo formular una idea sobre la gravedad de la situación.

Puede decirse que en el tránsito del Guerrero bronco de siempre al actual hubo un momento de inflexión cuando el Centro de Planeación para el Control de Drogas (Cendro) informó al gobernador José Francisco Ruiz Massieu que la entidad había superado los volúmenes de producción de amapola que tradicionalmente ostentaba el triángulo dorado de Sinaloa, Chihuahua y Durango.

El estado, siempre envuelto en crímenes, era desde ese momento el sobresaliente en producción, transformación y tráfico de goma de opio, con una rápida tendencia a la expansión de estas actividades, lo que favoreció a su vez la proliferación de otros delitos, como asaltos, bloqueos carreteros, ataques directos a fuerzas del orden, ejecuciones colectivas, secuestros y extorsiones.

Así el carácter histórico de la violencia en Guerrero quedó acentuado por la entrada del narcotráfico a la liga mayor con sus mil ramificaciones. La violencia de la Tierra Caliente desplazó de su primacía a la de la Costa Grande y a la que tiene como raíz la miseria de La Montaña. Por ello es incomprensible que ninguna fuerza del orden haya registrado un desarrollo paralelo equivalente a la magnitud del problema.

Los intentos por mejorar las muy difíciles condiciones de vida en el estado –originadas sobre todo por la creciente pobreza y los renovados cacicazgos– se han manifestado en forma aislada. Y en cuanto a la situación de violencia imperante en el estado, queda claro que la violencia de las fuerzas del orden no es la solución, sino el trabajo policial más vasto y profesionalizado.

A este oscuro panorama se enfrentarán las nuevas autoridades estatales y municipales en pocos meses. Y si aplican las mismas fórmulas obtendrán los mismos resultados. De intentarse nuevas, deberán ser de carácter tripartito, –entre Federación, estado y municipios, desde luego–, con una visión de mediano y largo plazos y con un diseño, programación y control particular para cada región. Recuérdese la Comisión del Río Balsas que dirigió el ex presidente Lázaro Cárdenas como vocal ejecutivo de la misma y que logró transformar la zona.

Dos polos de una hipotética aproximación serían: 1) seguir esforzándose en la mitigación de la miseria y en el desarrollo de infraestructura sanitaria, de educación y de trabajo, y 2) fortalecimiento de la seguridad pública, así como de la procuración y administración de justicia.

Nada de esto será posible sin un Programa de Remediación para Guerrero que busque corregir la perturbación de los más altos intereses sociales, de tal forma que se alcancen, en la medida de lo posible, las características de un sistema de vida digno y promisorio, compatible con un ambiente político de legalidad propicio para el desarrollo social. Un programa lúcido, prioritario y apoyado vigorosamente por el gobierno federal.

Los gobiernos del estado han sido encabezados por personas de la más distinta índole: doctores, generales, ingenieros, economistas, abogados, maestros. En unas cuantas semanas se conocerá el nombre y perfil del nuevo gobernador, aunque es posible adelantar posibilidades y aceptar que es previsible una nueva etapa en la tortuosa historia del estado.

Dejando en su lugar el tema del penoso desaseo prelectoral en Guerrero, debemos reflexionar en torno a qué tan positivo sería aceptar que padre e hija –Félix Salgado Macedonio y Evelyn Salgado Pineda– son personas diferentes y que a cada quién se le debe juzgar como responsable de sus propios vicios y virtudes, que son intransferibles.

El ambiente en Guerrero es sumamente turbio con toda razón. El proceso prelectoral, ignominioso; pero por salud pública debe quedar firme en el registro de la vergüenza el padre, y darse un voto de esperanza a la gestión de la hija. Difícil proposición que sólo se basa en un contenido de buena fe. Una vez más en Guerrero gira la ruleta rusa.