Con el propósito de blindar el proceso electoral y evitar el uso indebido de recursos públicos, las fiscalías generales de Justicia y Especializada para la Atención de Delitos Electorales, así como la Secretaría de la Contraloría General, firmaron un convenio de colaboración.
Se trata, explicó la fiscal general de Justicia capitalina, Ernestina Godoy Ramos, de robustecer la atención de posibles denuncias y la procedencia de las mismas, por lo que el 6 de junio habrá un despliegue territorial de agentes del Ministerio Público en las 16 demarcaciones.
Además, se colocarán unidades del Ministerio Público móviles en algunos lugares estratégicos para atender posibles denuncias y darles seguimiento, ya que muchas podrían ser faltas administrativas por servidores públicos o tipificarse como algún delito.
Dicho convenio tiene grandes alcances más allá del proceso electoral, por lo cual es necesario impulsar la cultura de la denuncia, la capacitación de servidores públicos y blindar los programas sociales, dijo.
Por su parte, el contralor Juan José Serrano Mendoza adelantó que en días previos a las elecciones se emitirá una circular en la que se especificarán las normas y restricciones para instituciones y servidores públicos para que no incurran en algún delito electoral, pues, de hacerlo, se procederá de acuerdo con la ley.
