Diez mexicanas “pudieron ser víctimas de malas prácticas médicas” mientras estaban detenidas en el Centro de Detención Migratoria en el condado de Irwin, Georgia (ICDC, por sus siglas en inglés), y en cuatro casos involucrarían algún tipo de cirugía, informó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
Las connacionales forman parte de un grupo de al menos 57 migrantes de varias nacionalidades detenidas en ese sitio que fueron víctimas de intervenciones quirúrgicas no autorizadas, como histerectomías, negligencia médica y otros abusos por parte del ginecólogo Mahendra Amin, colaborador del ICDC, administrado por LaSalle Corrections, empresa privada bajo contrato del Servicio de Control de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés).
El caso trascendió en septiembre del año pasado gracias a las acusaciones de organizaciones civiles de Estados Unidos, las que en diciembre presentaron una denuncia colectiva contra autoridades estadunidenses, con la asesoría de un equipo de abogados encabezados por el litigante Andrew Free; cuenta con al menos 30 testimonios y es apoyada por el consulado general de México en Atlanta.
Ayer, durante su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró que se daría un informe sobre estos casos. Sin embargo, la cancillería se limitó a difundir un comunicado de cinco párrafos en los que indicó que “atiende puntualmente” las denuncias.
“El consulado general de México en Atlanta entrevistó a 34 mexicanas para conocer si habían sido sometidas a algún tipo de procedimiento médico sin su autorización. Hasta el momento, no se ha comprobado que mujeres mexicanas hayan sido sometidas a histerectomías. No obstante, como se ha informado desde que se tuvo conocimiento del caso, algunas connacionales refirieron situaciones que pudieran considerarse como negligencia médica”, indicó la SRE.
Las diez mexicanas que señalaron haber sido víctimas de estos abusos ya están libres, algunas en México y otras en Estados Unidos. La cancillería aseguró que la representación consular en Atlanta mantiene periódica comunicación con ellas.
La SRE indicó que entre las acciones emprendidas en seguimiento de este caso, destaca “la estrecha y permanente comunicación con las organizaciones civiles y los abogados que interpusieron una demanda colectiva en diciembre de 2020 en contra de autoridades estadunidenses. En ese sentido, el consulado general se aseguró que las posibles víctimas recibieran asistencia legal y que quienes se encontraban todavía detenidas se encontraran en buenas condiciones de salud”.
Aseveró que la representación consular seguirá acompañando a las mexicanas afectadas en todo el proceso judicial derivado de la demanda colectiva.
