El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó los criterios aprobados por el Instituto Nacional Electoral (INE) relacionados con la aplicación de recursos destinados a programas sociales que fue impugnado por Morena; canceló la candidatura de Pedro César Carrizales, El Mijis, a diputado federal plurinominal por Morena por falsificar documentos para acreditar ascendencia indígena y confirmó la candidatura por el Partido Acción Nacional (PAN) de María Eugenia Campos a gobernadora por Chihuahua.
En la misma sesión, el TEPJF desechó un recurso de Pío López Obrador contra las investigaciones del INE en su contra, porque promovió simultáneamente inconformidades ante el INE y el TEPJF, cuando lo correcto era que debía anularse el presentado ante la segunda instancia.
De manera unánime, los magistrados anularon la candidatura de Carrizales por la segunda circunscripción (que incluye San Luis Potosí, por la que buscaba la postulación) en virtud de que al constatar la documentación entregada la dirección de Asuntos Indígenas del municipio de San Antonio y Axtla, en esa entidad, negó haber expedido la constancia para que pudiera acceder a la candidatura indígena dentro de las listas plurinominales. Se dio vista a la Fiscalía General de la República por la alteración de documentos.
Por otro lado, por seis votos contra uno los magistrados propinaron otro revés a Morena en su intento por cancelar los lineamientos aprobados por el INE para regular la entrega de recursos en programas sociales. Según el partido, ese organismo se había extralimitado en sus facultades al regular mecanismos que corresponden a otra instancia.
Sin embargo, se consideró que el INE sí cuenta con facultades para regular la entrega de apoyos a través de los programas sociales en virtud de que durante la contienda ese organismo debe ser garante de la equidad en la contienda. A pesar de que el proyecto venía por revocar el acuerdo del INE, se ratificó.
El TEPJF desechó el recurso promovido por Morena en contra de la candidatura de Campos, quien enfrenta un proceso legal en esa entidad porque presuntamente había recibido recursos del gobierno de César Duarte. Se consideró que en la medida en que Campos no ha sido sentenciada aún conserva sus derechos político-electorales por lo que confirmaron su postulación.
