Ciudad de México. La Confederación de Trabajadores de México (CTM) hizo un “llamado urgente” a la dirigencia del sindicato Miguel Trujillo López –quien tiene la titularidad del Contrato Colectivo de Trabajo de la automotriz General Motors, en Silao, Guanajuato— a que “atienda y colabore con una investigación a fondo” en el proceso de legitimación que fue cancelado en abril pasado por la autoridad laboral.
El Comité Nacional de la CTM aseveró que “no quiere imponer nada que esté contra la ley, ni contra los intereses de la clase trabajadora”.
El pasado 22 de abril, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) canceló la consulta con la que se buscaba la legitimación del CCT debido a que inspectores de la dependencia y del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral detectaron boletas “destruidas en el local sindical”, donde estaba bajo resguardo el material electoral.
Apenas el pasado martes, la dependencia resolvió reponer la consulta y ordenó al sindicato “Miguel Trujillo López”, de la CTM, hacer lo propio en un plazo “improrrogable de 30 días naturales”.
Trabajadores de la planta automotriz, ubicada en Silao, Guanajuato, han recibido apoyo por parte de sindicatos y de autoridades de Canadá, Estados Unidos y Brasil.
Ayer por primera vez el gobierno de Estados Unidos, a través de su representante comercial, Katherine Tai, pidió a México revisar si a los empleados de GM en Silao, Guanajuato se les negó el derecho de libre asociación y negociación colectiva.
La solicitud fue recibida ayer por el gobierno de México, quien de inmediato inició una investigación por la posible “denegación” de derechos laborales de los trabajadores de la trasnacional automotriz.
En un posicionamiento, la CTM señaló que “antes de que se haga un juicio de valor, o se requiera adelantar un conteo real” en la planta automotriz, “se debe escuchar la voz de todos los trabajadores y no dejarse influir en estos momentos por la presión de sindicatos de Estados Unidos y Canadá”.
La CTM –que afilia a más de 4 millones de trabajadores— afirmó que “no genera conflictos, ni tampoco es obstáculo” para el desarrollo de la industria y del comercio.
Esta organización, sostuvo, apoya a las federaciones y sindicatos del país que la integran, las cuales “deben actuar siempre en el marco de la ley”.