Miguel Ángel Mancera Espinosa fue accidente y anomalía en el historial de jefes de Gobierno de la Ciudad de México llegados al cargo desde el flanco ideológico izquierdo (como han sido todos, salvo MAM) desde que en 1997 se realizó la primera elección de esa jefatura, pues anteriormente el presidente de la República designaba personalmente a quien era denominado jefe del Departamento del Distrito Federal o, en el habla popular, regente).

Accidente y anomalía porque el doctor en derecho, que había sido procurador de Justicia en el gabinete de Marcelo Ebrard, no tenía ni pizca de formación izquierdista o progresista y aun así fue impulsado por el propio Ebrard (quien originalmente deseaba que el candidato a sucederlo fuera Mario Delgado, siempre su operador) y por Andrés Manuel López Obrador para quedar en el gobierno capitalino, donde realizó el peor de los ejercicios hasta ahora habidos en esa función.

Corrupción, frivolidad y acomodo con los poderes político (el peñismo) y económico (sobre todo, en los grandes negocios inmobiliarios y otros rubros de lucro) fueron los distintivos de la administración de Mancera, quien salió tan políticamente devaluado que fue postulado como candidato a senador por el Partido Acción Nacional, a instancias de un comité chiapaneco.

A resultas de lo sucedido recientemente en una estación del Metro capitalino, parece llegado el momento del ajuste de cuentas políticas del morenismo con el hasta ahora esquivo Mancera. Así como Rosario Robles estaba en una casi obligada lista negra de quien ahora ocupa Palacio Nacional (señalada en el círculo andresino como traidora), Mancera está en la de ese propio ocupante y, en especial, del crecientemente poderoso Marcelo Ebrard, quien se considera traicionado y, en su momento, perseguido por quien fue su subordinado.

No deberían opacar o, aún peor, cancelar las muy probables culpas manceristas la obligada investigación no facciosa de las responsabilidades que en cuanto a la línea 12 hayan tenido el creador del proyecto y su ejecución casi íntegra, Marcelo Ebrard, quien en días de gloria dio por inaugurada esa Línea Dorada, y de Claudia Sheiunbaum, la actual jefa de Gobierno, durante cuya gestión no se corrigieron a tiempo las evidentes y denunciadas fallas estructurales donde la noche del pasado 3 sucedió un trágico desplome.

Es de esperarse que las anunciadas investigaciones técnicas “a fondo” vayan más allá del cobro de asuntos pendientes con Mancera y, castigando los actos de corrupción e ineficacia que se le prueben al abogado y senador, apunten también lo que corresponda al canciller y a la jefa de Gobierno, presidenciables ambos.

Astillas

Rubén Moreira, junto con Dulce María Sauri, ha sido parte de un priísmo dispuesto a colaborar con el gobierno de López Obrador, sobre todo en votaciones legislativas importantes para el morenismo. Ayer, el Presidente de la República dijo que Moreira recibió “viáticos” hasta por 30 millones de pesos de Alonso Ancira, quien fue el principal accionista de Altos Hornos de México y participante en actos de corrupción con el mediáticamente difuminado Emilio Lozoya. Parecen irse rompiendo ciertos amarres del llamado PRIMor… Lamentable el desconocimiento respecto a quiénes pueden ser sujetos de la defensa de los derechos humanos en la comisión nacional que preside Rosario Piedra, al solicitar que el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, adscrito a la Secretaría de Gobernación, actúe en favor de la directora de Notimex, Sanjuana Martínez. Los derechos humanos son exigibles por ciudadanos ante el poder público, ante el Estado, no por servidores públicos ante el mismo gobierno del que forman parte… Y, mientras Diego Fernández de Cevallos entiende que su oratoria impostada y su estilo de fanfarronería risible sólo caen en el vacío, ante su historial político, económico y de litigio, que deslegitima sus alegatos, ¡hasta mañana!

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