Después de 14 meses de sufrir la pandemia llegó el momento de dar una nueva estructura a los organismos encargados de tomar el mando en situaciones de desastres, sean momentáneas, prolongadas, naturales o causadas por los hombres. Ciertamente, muchas veces es difícil distinguir entre los desastres naturales y los socialmente producidos. El mejor ejemplo de ello es el cambio climático, que da lugar a inundaciones, tormentas, etcétera.
Resulta evidente la poca eficacia del organismo encargado de conducir y organizar a las instituciones estatales frente a la pandemia, el Consejo de Salubridad General (CSG). Su poca capacidad operativa y para tomar de decisiones se ha demostrado fehacientemente a lo largo de estos 14 meses. Igual pasó con la epidemia de influenza A/H1N1 en 2009, cuando la Secretaría de Salud tardó meses en descubrir la presencia del virus. El CSG, cuya existencia está inscrita en el artículo 73 inciso XVI de la Constitución, viene del ordenamiento de 1857 y quedó en el de 1917. Este consejo tiene, en el papel, mucho poder, ya que es la única instancia del Estado mexicano que puede suspender los derechos ciudadanos sin aprobación previa del Congreso. Esta potestad extraordinaria expresa la urgencia de tomar decisiones en el caso de una epidemia por “invasión de enfermedades exóticas” en el territorio mexicano hace 164 años. Actualmente no hay ninguna razón para mantener esta situación, ya que la comunicación es instantánea.
El CSG está encabezado por el Presidente, y el titular de Salud es su suplente. Tiene además un secretario técnico. Lo componen, asimismo, siete secretarios de Estado, los directores del IMSS y el Issste, el DIF, las academias de Medicina y Cirugía y el rector de la UNAM. A ellos se añaden 22 vocales auxiliares –entre ellos, Protección Civil y los directores generales de sanidad militar y naval–, así como siete invitados permanentes. ¿Por qué esta formación poderosa no ha desempeñado un papel importante en la pandemia? La respuesta tentativa es que su estructura operativa es pequeña y no está pensada para las tareas relacionadas con las emergencias sanitarias. Con la reforma que creó el Seguro Popular e impulsó la prestación privada de los servicios médicos, las aseguradoras de salud necesitaban un organismo oficial para certificar a los prestadores privados de servicios y eventualmente a las públicas.
Éste era el papel del consejo hasta la llegada del SARS-CoV-2, y entre el secretario de Salud y el secretario técnico no lograron articular su funcionamiento eficaz en la nueva circunstancia. En la realidad se formó una instancia operativa donde los prestadores principales de servicios de salud jugaron un papel importante, como el IMSS, el Issste, los institutos nacionales de salud y localmente las secretarías estatales del ramo.
Este arreglo dio cierta capacidad para enfrentar los aspectos médicos y epidemiológicos de la pandemia, pero no se logró una respuesta integral frente a la compleja situación. No deja de ser una paradoja, porque en el CSG participan las principales secretarías de Estado relacionadas, como Hacienda, Economía, Desarrollo Social, Medio Ambiente, Agricultura, SCT y la SEP. A todas luces lo que se necesita es un organismo intersectorial para las emergencias sanitarias con alta capacidad de toma de decisiones en desastres o epidemias; debería estar encabezado por el Presidente e integrar a las fuerzas armadas y a las secretarias e instituciones directamente involucradas para darle fuerza en situaciones críticas. Resulta obvio, además, que se debe contar con un plan estructurado y ensayado para no improvisar ante una emergencia.
Los terremotos nos lo enseñaron y ahora la pandemia debería hacer lo mismo. Ciertamente, se hizo un plan al respecto por solicitud de la Organización Mundial de la Salud desde el sexenio de Fox, pero estaba guardado y nunca fue probado, cuando irrumpió la epidemia de influenza en 2009.
La otra tarea del CSG, la certificación de las unidades de salud, debería revisarse porque la calidad de los servicios es un tema muy importante. Es una encomienda compartida con la Cofepris, pero hasta ahora no se han coordinado en una certificación única. Los criterios de las aseguradoras frecuentemente son de orden legal para evitar demandas y no otros aspectos de la calidad del servicio.
Los largos meses de movilización por la salud y el sufrimiento que ha causado la pandemia deben llevar a renovar el sistema de salud y los mecanismos para mejorarlo y crear más seguridad para todo el pueblo.
