Fiel a su estilo, Andrés Manuel López Obrador ha lanzado un reto mayúsculo a pocas semanas de unas elecciones que definirán la continuidad y viabilidad de su proyecto político de transformación nacional o el freno y estancamiento de éste.

Contra lo que se acostumbra en este tipo de lances (la política como ejercicio supremo de dobleces y encubrimientos), el Presidente de México asumió clara y totalmente su responsabilidad en el tejido de la operación que colocó en una antesala judicial a Adrián de la Garza y a Samuel García, candidatos a gobernar Nuevo León a nombre de los partidos Revolucionario Institucional y Movimiento Ciudadano, respectivamente.

Para tener precisión a la hora de analizar lo sucedido, conviene recordar el diálogo con una periodista en la conferencia mañanera de prensa: –Presidente, como usted presentó hace unos días las tarjetas rosas de Adrián de la Garza, hay algunos partidos que lo acusan ahora de que usted tuvo que ver en esta denuncia. AMLO: -Pero ¿cómo no voy a tener que ver? Periodista: –Y que usted está metiendo la mano en las elecciones. AMLO: –Claro que sí, claro que sí; si aquí lo di a conocer. Si es de dominio público. Lo estoy diciendo: no podemos ser cómplices del fraude.

La aceptación de tener las manos metidas en las elecciones es un manjar para los opositores al político tabasqueño, quienes consideran la viabilidad de exigir al Instituto Nacional Electoral y, en su momento, dependiendo de la resolución que tuviera el INE, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que apliquen sanciones fuertes al infractor de la legalidad en materia de comicios.

Justamente en ese terreno de la letra legal y la realidad política se habrá de librar esta nueva batalla de López Obrador. Diariamente se vive en México esa contienda dispareja entre lo que ordenan las leyes y las sanciones que por incumplimientos o infracciones establecen, y la incapacidad de las autoridades para cumplir con esos ordenamientos cuando los presuntos sancionados constituyen núcleos de protesta social o política, asistidos por razones justicieras que impiden a la estructura institucional apretar el puño.

El ahora presidente de la República ha pasado por dos elecciones fraudulentas que le impidieron ocupar la silla en que ahora despacha: primero fue el tosco proceso de adulteración ejecutado por Vicente Fox y Felipe Calderón en 2006, y luego, en 2012, la menos explícita maniobra que con enormes cargas de dinero oscuro abrió paso, también tramposamente, a Enrique Peña Nieto.

En ese contexto de presión política desde Palacio Nacional para acelerar el desmantelamiento de las dos pinzas del poder electoral, el INE y el TEPJF, e instalar una reforma electoral marca 4T, López Obrador está apostando fuerte: ¿el instituto y el tribunal podrán imponer sanciones, que teóricamente incluirían la posibilidad del arresto, contra el Presidente de la República? ¿Cómo quedaría la autoridad de INE y TEPJF si muestran debilidad e incapacidad para aplicar las reglas electorales y sus sanciones?

En el camino también está la suerte electoral de Nuevo León, donde la carta endeblemente morenista, Clara Luz Flores, con dificultades podría gobernar si su eventual triunfo formal proviniera de maniobras del centro del país para quitar a sus principales adversarios. Otro escenario posible sería la anulación de elecciones, el nombramiento de un mandatario interino y la convocatoria a futuros comicios.

Pero lo importante para las alforjas obradoristas no sería solamente una gubernatura más (la estrategia 4T prefiere sacrificar gubernaturas si ello ayuda a forjar la nueva mayoría anhelada en la Cámara de Diputados), sino el doblegar la institucionalidad electoral repudiada y sentar las bases para nuevas leyes y procedimientos en la materia.

Y, mientras se ha girado la ficha roja de Interpol para tratar de aprehender a Andrés Roemer, el escritor, conductor de programas de televisión y diplomático al que decenas de mujeres acusan de agresiones sexuales, quien ha sido visto en Israel, ¡hasta mañana!

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