¿Dónde quedó el “apoyo” del presidente estadunidense Joe Biden para concretar el “levantamiento global de las protecciones de patentes para las vacunas contra el Covid-19, con el fin de acelerar la producción y distribución de inmunizantes en el mundo”? Hasta ahora sólo en el discurso, porque el tema se trata una y otra vez, y no se reportan avances concretos. Ello sucede con todo y que su gobierno ha reconocido que “circunstancias extraordinarias de la pandemia exigen medidas extraordinarias”. Pero no ha trascendido del “apoyo” verbal.

De hecho, el informe que ayer presentó el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, da cuenta de lo mucho que se promete y lo poco que se cumple, especialmente en materia de inmunización: “¿cómo está el proceso de vacunación? Veintidós países no tienen todavía vacunas, 99 países todavía no han vacunado a 10 por ciento de su población y por eso la prioridad de México, además de la estrategia de abastecimiento, es corregir esto, cambiar esto, denunciar esto, promover otras circunstancias”.

Para el caso nacional, detalló Ebrard, “México está en el lugar número 12 en cuanto a acceso a dosis aplicadas y segundo lugar en América Latina con el mayor número de dosis adquiridas y aplicadas. Ha vacunado con al menos una dosis a un porcentaje mayor de adultos que India, Australia o Rusia, por eso valoramos mucho el apoyo que Rusia nos está dando. Y están los contratos firmados con nuestro país que a la fecha garantizan la cobertura más amplia del total de la población mexicana. Estimamos a principios de la próxima semana estar llegando a 30 millones de dosis”.

Pues bien, hasta ahora los porcentajes más altos de población vacunada corresponden a las naciones altamente desarrolladas, es decir, las mismas que en un movimiento que puede calificarse de agandalle, acapararon más de una tercera parte de las vacunas, en una proporción que supera, por mucho, el número de habitantes que en ellas reside. Con todo, se estima que será hasta finales del presente año cuando completarán sus respectivos programas de vacunación.

África aparece, como siempre, en el último lugar en la perspectiva de vacunación, porque en el mejor de los casos, sólo en el mejor, sería a partir de 2023 cuando en ese continente comenzaría el programa de inmunización. En el caso latinoamericano, la secretaria general de la Cepal, la mexicana Alicia Bárcena, ha sido muy clara: en la región “hay tres velocidades de vacunación: 4 países alcanzarán la inmunidad (completa) en 2021 o inicios de 2022; otros 7 en 2022, y la mayoría (22) en 2023. La fuerte competencia internacional por el acceso a vacunas afectará negativamente a América Latina”.

La Cepal se ha pronunciado (sin mayor eco en las naciones altamente desarrolladas) a favor de que “lo primero es garantizar la salud”, por lo que promueve “acceso a la vacuna, universalizar la vacunación y liberar patentes”, toda vez que la recuperación y reconstrucción económica con igualdad “requiere de un acceso equitativo a vacunas, más liquidez y reformas en la arquitectura financiera internacional que aseguren la inclusión de todos los países en vías de desarrollo independientemente de su ingreso”.

El mismo organismo subraya que “el desafío de la vacunación es el centro de nuestra coyuntura y revela que la actual campaña de inoculación en América Latina y el Caribe avanza a tres velocidades distintas, lo que puede llevar a que la inmunidad de rebaño se dilate incluso hasta 2023”.

Para evitar tal escenario, la Cepal propone “fortalecer los mecanismos de coordinación regional para adquirir vacunas; impulsar el pleno funcionamiento de la iniciativa Covax; campañas de sensibilización para la población que no se quiere vacunar; negociación con países que tendrán exceso de vacunas; intercambio de información sobre mejores prácticas en el proceso de vacunación, y flexibilización de los regímenes de propiedad intelectual”.

Todo, mientras en la Casa Blanca y demás centros de poder no trascienden el discurso.

Las rebanadas del pastel

Parece que el juez Gómez Fierro no descansa para cumplirle a sus patrones. Pero, como dice el presidente López Obrador, “Es entendible, porque son jueces que defienden a los grupos de intereses creados. Unos lo hacen por conservadurismo y otros por dinero, pero a mí no me toca investigar por qué lo hacen, nosotros lo que tenemos que hacer es defender siempre los intereses de la nación”.