Madrid. España aprobó el martes una ley pionera que da a las plataformas digitales de reparto hasta mediados de agosto para contratar como asalariados aquellos que trabajen como autónomos para ellas.

La nueva ley también ordena a las empresas a transparentar los algoritmos que utilizan para gestionar su fuerza laboral, una medida no vista antes para el sector.

La medida aprobada por la coalición gobernante de centro-izquierda afectará de inmediato a unos 30 mil repartidores.

ObligSe produce a raíz de un fallo del máximo tribunal de España el año pasado y mientras otros países de Europa y otros lugares están definiendo un modelo laboral para la llamada economía “gig”, aquella que opera con base en aplicaciones para dispositivos móviles y trabajadores autónomos, y que es vista por muchos como responsable del surgimiento de empleos precarios y bajos salarios.

La nueva ley enfureció a las empresas digitales y a algunos repartidores que el martes salieron a protestar en diferentes ciudades españolas porque aseguran que ser autónomos les beneficia. Las empresas del sector dicen que la ley amenaza un mercado de 700 millones de euros (851 millones de dólares) en España.

“Muchos de nosotros tenemos familia e hijos. Podemos trabajar en una empresa o en otra, dependiendo de cómo podemos ajustarnos a los horarios”, dijo Francisco López, de 37 años, quien ganaba 2 mil 400 euros (2.900 dólares) al mes trabajando unas siete horas todos los días de la semana, más de lo que ganaba en su trabajo anterior en Barcelona.

“Las tarifas actualmente no son las mejores, pero sí nos ofrecen una comodidad económica”, dice López, quien ha logrado enviar dinero a su familia en Colombia durante la pandemia de coronavirus.

La ministra del Trabajo, Yolanda Díaz, declaró que España es el primer país en adoptar una ley que regula la relación entre las apps de entregas y su fuerza laboral.

“Estamos a la vanguardia y por primera vez el mundo está mirando, créanme, a España”, dijo Díaz a los periodistas luego de una reunión semanal de gabinete.

Agregó que la medida era un esfuerzo para proteger a los más vulnerables y que reflejaba los “nuevos vientos” que se estaban implementando en todo el mundo para mejorar el bienestar de los ciudadanos.

La ley es el resultado de un acuerdo entre los principales sindicatos de trabajadores y asociaciones industriales del país, aunque grupos más pequeños y otros actores del mercado afirman que fueron marginados de las negociaciones.

La Asociación de Plataformas de Servicios (APS), que representa a Uber Eats, Deliveroo y Glovo, criticó la nueva ley: “Mientras España se reivindica como nación start-up, esta es la primera ley en Europa que incluye la obligación de revelar sus algoritmos a una empresa tecnológica”.

Además de las contrataciones, la ley —que por el momento deja fuera las apps de servicios de cuidados en casa y limpieza doméstica— ordena que todas las empresas entreguen a los representantes legales de los trabajadores información sobre cómo funcionan los algoritmos y los sistemas de inteligencia artificial en la asignación de puestos y la evaluación del desempeño, entre otros aspectos.

“Los trabajadores no podemos dejar el alma en el teclado de nuestros portátiles o en nuestros dispositivos electrónicos”, indicó la ministra Díaz, quien agregó que la medida busca “proteger a las personas más vulnerables”.