Bogotá. La reunión entre el Comité Nacional del Paro (CNP) y el presidente de Colombia, Iván Duque, que busca poner fin a las movilizaciones y el bloqueo de carreteras que sufre el país desde hace 13 días, concluyó ayer sin acuerdo alguno, al tiempo que continuaron las protestas en varias ciudades.

Durante casi cuatro horas la organización que reúne a sindicatos, movimientos sociales y universitarios habló con Duque en la sede de gobierno, sin acordar una salida a la crisis social que reporta como saldo oficial 27 fallecidos y centenares de heridos, aunque las ONG Temblores e Indepaz dan cuenta de 47 muertos, 39 de ellos por violencia policial.

“No hubo empatía del gobierno con las razones, con las peticiones que nos han llevado a este paro nacional”, declaró el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, (CUT), Francisco Maltés.

Las manifestaciones, que cumplen 13 días, fueron convocadas inicialmente para rechazar un plan de reforma fiscal. Sin embargo, cuando el gobierno retiró la polémica iniciativa hace poco más de una semana, los movimientos sociales mantuvieron las protestas y exigieron acciones contra la violencia policial, la histórica desigualdad social con una renta básica para las familias más pobres y mejoras a la salud y la educación, el retiro del proyecto de ley de sanidad y una vacunación masiva contra el Covid-19, así como cumplir el acuerdo de paz con la ex guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), y desmantelar las organizaciones criminales y paramilitares.

Diógenes Orejuela, del Comité Nacional de Paro y secretario general de la CUT, comentó que “fue una reunión fallida que no produjo nada”, y acusó al gobierno de esquivar la palabra negociación.

Jennifer Pedraza, representante estudiantil, aseguró que el gobierno mantuvo una posición similar a la de 2019, cuando eludió una negociación de fondo. “El discurso del presidente Duque fue complaciente con el uso excesivo de la fuerza pública en las manifestaciones y sobre la base de eso es imposible tramitar cualquier tipo de reivindicación”, sostuvo.

El alto comisionado para la paz, Miguel Ceballos, aseveró que el gobierno rechaza la violencia y que habrá cero tolerancia con los miembros de la fuerza pública que violen la Constitución y la ley.

Resaltó que el encuentro se agendó para para buscar una salida a las protestas y cierres de vías que se dan en el país desde el pasado 28 de abril, y por lo mismo se trató de una reunión exploratoria.

“No esperábamos una respuesta porque no era el espíritu de esa reunión hacer una declaración conjunta y presentar al país un acuerdo”, aseguró Ceballos.

El ministro del Interior, Daniel Palacios, recalcó que el pliego de peticiones pasó de ocho puntos a 108, lo que aleja las posibillidades de un pacto.

En tanto, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) manifestaron su preocupación por el ataque a tiros ayer contra indígenas que participan en una marcha conocida como Minga, y se dirigían a Cali en apoyo a las movilizaciones.

El domingo, habitantes de un barrio del sur de Cali se enfrentaron con los indígenas luego de que intentaron quitar las barricadas que los mantienen encerrados en sus calles desde que comenzó la protesta, lo que derivó en enfrentamientos, en los cuales algunos de esos habitantes sacaron armas y dispararon contra los participates en la Minga, con saldo de nueve heridos, denunció el Consejo Regional Indígena del Cauca. En tanto, la policía metropolitana de Cali reportó que cuatro personas resultaron heridas por los manifestantes.

Durante los disturbios varios vehículos fueron incendiados y algunas viviendas resultaron dañadas.

“Actúan como paramilitares”

Los indígenas señalan a esos residentes de haber actuado “como paramilitares” y de ser partidarios del uribismo, movimiento liderado por el ex presidente Álvaro Uribe, que rechaza las manifestaciones y bloqueos así como los acuerdos de paz con las FARC.

Pese a que el mandatario se había negado a viajar a Cali, epicentro de las protestas, lo hizo antenoche después de los reclamos de las autoridades locales y de congresistas de su propio partido, el derechista Centro Democrático, tras los enfrentamientos del domingo.

El gobierno asevera que los bloqueos mantienen a Cali, al igual que a otras ciudades del país de 50 millones de habitantes, con desabasto de alimentos y combustibles.

Nuevas manifestaciones se realizaron ayer en rechazo al gobierno de Duque en varias ciudades del país. En Cali hubo nuevos enfrentamientos entre manifestantes y la policía en el sector de El Ancla, al oeste de la capital del departamento Valle del Cauca, cuando los uniformados se presentaron para retirar barricadas y desbloquear los caminos, informó Noticias Caracol.

El Grupo de Puebla manifestó ayer su profunda preocupación por los acontecimientos en el país. Ante el complejo escenario, manifestó su solidaridad con la movilización ciudadana y el ejercicio de su legítimo derecho a la protesta pacífica.