Muere una mujer y la onda expansiva de la noticia, triste, dolorosa –toda muerte lo es– llega a familiares, compañeros de trabajo, amigos; pero la mujer es joven, y “eso de la muerte es cosa de viejos”. Una joven que muere hace que la onda se amplíe y llegue a otros no tan cercanos y, otro dato, pierde la vida trágicamente: recibe dos disparos, uno en una pierna y el otro en la cabeza.

Las ondas concéntricas abarcan más espacio en la opinión pública, muchas personas se enteran, se indignan, requieren detalles de lo que pasó. Quien fallece trágicamente es la abogada Digna Ochoa y Plácido, defensora de derechos humanos, comprometida con causas justas, de los pobres, de los oprimidos; estaban a su cargo casos de campesinos, de perseguidos políticos y de ecologistas, entre otros.

Digna es abogada, pero no usa su preparación para lucrar. Es generosa, valiente e inteligente; sin duda, como todos, tiene problemas, pero lo que le caracteriza es que se enfrenta a los poderosos, sus acusaciones se refieren a detenciones arbitrarias, abusos y torturas.

En su lucha no está sola, formó parte del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y tiene compañeras y compañeros tan idealistas como ella y, como ella, comprometidos con las buenas causas.

Era yo entonces procurador de Justicia de la Ciudad de México; la onda expansiva abarcó todo el espacio social del país y trascendía fronteras. No era para menos, Digna fue y es conocida por muchos y su fama de defensora de las garantías constitucionales de los ciudadanos es mucha; su mismo nombre: “Digna” la identificaba, la comprometía, contribuía a su fama.

Se abrió la carpeta de investigación, se siguieron todas las pistas posibles, algunas sugeridas desde fuera; la expectativa era mucha; cambié a quien inició la investigación y una vez a la semana me reuní con el nuevo responsable y revisaba los avances.

El Centro Pro de Derechos Humanos se constituyó en coadyuvante del Ministerio Público y acompañó la averiguación. A petición de quienes seguían el caso, se abrió para que fuera consultado por los interesados; luego, se cerró esa posibilidad, a petición de los mismos.

Concluyó la investigación y la conclusión fue que ella misma se privó de la vida. “No te lo van a creer”, escuché; pero los datos ahí estaban: un despacho cerrado por dentro, un socio que ve por la vidriera el cuerpo sin vida y avisa a la autoridad y las pruebas, los testimonios y, principalmente, los peritajes de especialistas.

Un hermano de Digna se presentó entonces, espontáneamente, es militar y declaró que poco tiempo antes Digna le pidió un arma, él la consigue, se la lleva, la limpia y le enseña a usarla; se trata de una escuadra rara, calibre 25, que describe perfectamente antes de verla. Es de la que salieron los disparos.

Un sector crítico pone en duda la conclusión de la investigación, no la acepta. Surge la idea de un fiscal especial que revise el caso; quienes lo eligen son representantes de la sociedad civil, doña Rosario Ibarra de Piedra sugiere, exige, que sea una mujer quien se haga cargo de la investigación; el periodista Miguel Ángel Granados Chapa, así como la escritora y defensora de pueblos originarios Magda Gómez –no recuerdo si alguien más– proponen a la magistrada Margarita Guerra, especializada en derecho penal y criminalística con amplia experiencia como jueza penal.

La designé, llevó su propio equipo y no aceptó a uno solo de los investigadores que antes tuvieron relación con la indagatoria.

Su oficina se instaló en un inmueble lejano al búnker, donde se encontraba la mía; tuvo toda la libertad y los recursos para repetir paso por paso la investigación y las nuevas pistas sugeridas; trabajó mucho y varios meses después presentó sus conclusiones que coincidieron con la primera investigación. Volvieron las críticas, pero en menor número y pasó mucho tiempo hasta que, al correr de los años, en otra administración, otro procurador, ordenó una tercera investigación; en ella se llegó a la misma conclusión, coincidente con las dos primeras.

En este caso, un juez federal resolvió un amparo solicitado por un familiar y abogados interesados en el caso y confirmó lo resuelto por la Procuraduría, a cargo, repito, de un titular distinto.

Recientemente, jóvenes abogados, también defensores de derechos humanos y un hermano de Digna piden ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que el caso sea reabierto. Por cuarta vez, el caso Digna será objeto de una revisión; el Estado mexicano da su anuencia para que la investigación sea revisada nuevamente y se vea si se actuó con perspectiva de género.

Aprovechando la hospitalidad de La Jornada, comparto mi opinión sobre el trascendente caso e informo que se tomaron en cuenta las circunstancias en las que aconteció la muerte de Digna, seinvestigó con objetividad y seriedad, se siguieron las pistas posibles y se valoraron las pruebas con probidad intelectual, en especial las periciales que indicaron que era imposible que otra persona hubiera sido la que disparó el arma.