Cuando hay elecciones legislativas, como en junio próximo, los partidos políticos y sus candidatos abruman a la población con millones de anuncios en los que prometen lo que luego incumplen. Muestra de ello se relaciona con uno de los campos que más urge atender: el ecológico.
Una nota de Víctor Ballinas, reportero de La Jornada, informa que en el Senado existen 127 iniciativas congeladas sobre dicho tema. Radican en la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático y las elaboraron representantes de las diversas fuerzas políticas que integran esa instancia legislativa.
Además, otras 26 minutas enviadas por la Cámara de Diputados que duermen en los cajones de quienes dicen trabajar en pro de la ciudadanía. Pero no sólo de ella, sino de todo el país. Es el caso de reformas y adiciones a Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, que exige revisión periódica debido a los problemas que tenemos por el cambio climático. Por ejemplo, el aumento de las temperaturas y la sequía que ahora azota 87 por ciento del territorio nacional y que acaba con cosechas y ganado. Actualizar a fondo esa ley es, además, urgente para garantizar que la erosión y la desertización no continúen avanzando en diversas regiones; para que el agua se conserve y utilice racionalmente y evitar que siga la pérdida de bosques y selvas.
En cuanto al cambio climático y sus efectos adversos, en el Senado se aplazó la aprobación del decreto sobre tan importante tema que, entre otras cosas, ordena establecer mapas que muestren la situación de vulnerabilidad que existe en cada área del país. El propósito es contrarrestar con información veraz y oportuna sus efectos nocivos. No solamente en el sector rural, también en los centros urbanos, donde el calor y la carencia de agua van al parejo y afectan a millones de personas.
A la severa sequía se suman los incendios. Este año es el tercero más severo de la década. Las llamas han consumido cerca de 215 mil hectáreas arboladas o con pastizales en 32 entidades. Ante este panorama, el Senado pidió a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales reforzar las medidas de prevención, pero todo indica que no existen los recursos suficientes para hacerlo por los recortes presupuestales aprobados por el Legislativo a las dependencias encargadas de tal tarea.
Al fuego y la sequía se agrega la crisis en todos los embalses que abastecen la red hídrica a poblaciones, a la agricultura, industria y servicios. Se encuentran a la baja a falta de lluvias y porque su capacidad de almacenamiento se ha reducido por el azolve ocasionado por sedimentos provenientes de la erosión de las cuencas hidrográficas, en muy buena parte por la deforestación de sus litorales. Igualmente están sobrexplotados al máximo los principales mantos freáticos. Uno de ellos lleva décadas de uso irracional: el de la región lagunera, integrada por nueve municipios de los estados de Durango y Coahuila.
Cada sexenio se promete remediar la situación a fin de evitar que parte del agua extraída siga contaminada con arsénico.
Y mientras falta agua en las ciudades y el campo, duermen en los escritorios de los legisladores las reformas propuestas desde hace años a la ley general sobre dicho recurso. Cada sexenio se promete actualizarla para enfrentar numerosos problemas, entre ellos, la sequía, y lo fundamental: que la prioridad de abastecimiento sea la población y los procesos agropecuarios de millones de campesinos pobres. Los que sí disponen de agua son las poderosas empresas trasnacionales elaboradoras de cerveza y refrescos dañinos para la salud. Y que, además, convirtieron al agua embotellada en el negocio más próspero del país.
Sobre la sequía, el aumento de la temperatura, la deforestación y los incendios existen estudios muy puntuales desde hace décadas, elaborados por reconocidos especialistas de los centros públicos de investigación, así como reportes de organismos internacionales. Los ignoran los legisladores que, junto con sus numerosos asesores, viven cómodamente de nuestros impuestos. En la realidad demuestran estar más preocupados por disfrutar y conservar sus prebendas y vivir del erario, que servir a la nación.
