Organizaciones civiles exigieron a los gobiernos de Michoacán y federal generar las condiciones para que la comunidad purépecha de Nahuatzen –regido bajo un órgano de gobierno indígena comunitario– pueda renovar este mes a sus representantes con base en la libre determinación y autonomía, y no por elección de partidos políticos.
Denunciaron que en el contexto de elecciones partidistas, candidatos y simpatizantes de las fuerzas políticas e integrantes del ayuntamiento han agredido a habitantes de esa región y a integrantes del Concejo Ciudadano Indígena de Nahuatzen (CCIN), establecido como autoridad desde 2015.
Estos actos, señalaron, son parte de una estrategia que busca legitimar e imponer una lógica electoral y de partidos políticos que ha sido rechazada por la comunidad indígena, y un intento por evitar la renovación de mandos bajo su sistema comunitario.
En un posicionamiento conjunto de Servicios y Asesoría para la Paz, los centros de derechos humanos Miguel Agustín Pro Juárez y Fray Francisco de Vitoria, el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario y las redes Solidaria de Derechos Humanos y Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos”, que reúne a más de 80 agrupaciones del país, recordaron que el proceso de renovación del CCIN está registrado ante el Instituto Electoral de Michoacán y el 23 de este mes los nuevos concejales rendirán protesta.
Sin embargo, agregaron, dentro del proceso electoral partidista, a celebrarse el 6 de junio, en Michoacán se pretende renovar 112 ayuntamientos, entre los que está Nahuatzen. Y fue en ese contexto que viernes y sábado pasados se dieron las agresiones contra la comunidad, incluidas amenazas de muerte, pese a que es beneficiaria de medidas del Mecanismo de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación.
Desde el inicio de las agresiones, el CCIN informó a funcionarios del mecanismo, quienes respondieron que habían girado instrucciones para que la Guardia Nacional se presentara en el lugar, sin que hasta ahora haya sucedido, advirtieron las ONG.
Agregaron que los agresores, partidos políticos y autoridades locales, han emprendido una campaña de criminalización contra el CCIN y la comunidad, acusándolos de ser los autores de la violencia. Ante ello, exigieron a las autoridades federales y estatales intervenir para detener los ataques, investigar los hechos y garantizar la integridad de los comuneros.
