El Covid-19 ha obligado a los Estados a tomar medidas sin precedente que han expuesto la inhumanidad del sistema capitalista mundial. Para combatir esta pandemia global, es vital el apoyo del presidente Joe Biden a la suspensión de patentes de las vacunas contra el nuevo coronavirus con el fin de facilitar la producción global de inmunológicos (David Brooks, La Jornada, 6/5/21) . De ser aprobada en la Organización Mundial del Comercio (OMC), será más fácil para muchos países producir sus propias vacunas, justo cuando las naciones de ingresos altos han acaparado más de 80 por ciento de las vacunas y tan sólo 0.3 por ciento han ido a países de ingresos bajos. (https://www.pharmaceutical-technology.com/ comment/coronavirus-vaccines-low- income-countries/).
Joe Biden fue presionado por una “masiva campaña social y política” (Brooks). Uno de los líderes de esta campaña, Arthur Stamoulis, director de la Citizens Trade Campaign, ha dicho que “la voluntad de Biden en apoyar la suspensión (de las patentes) es un testamento no sólo de su carácter, sino del excelente trabajo decientos de organizaciones y de millones de individuos que le urgieron a que esto pasara”.
La industria farmacéutica no tardó en responder. Tanto la asociación Investigadores y Productores Farmacéuticos de América, como la Organización de Innovación Biotecnológica han amenazado que con esta suspensión se interrumpirá la distribución de vacunas. También han exigido que se prevenga la “expropiación” y la transferencia de tecnología a otros países (revista Político).
Más allá de los acuerdos que se tomen en la OMC, lamentablemente las empresas podrían seguir recurriendo al arbitraje supranacional en tribunales como el Centro Internacional de Arreglos de Disputas de Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial.
Además de garantizar los inmunológicos, los Estados deben asegurar que los sistemas de atención médica no se vean superados, y equilibrar la reactivación económica apoyando a sectores sociales más desprotegidos.
Estas intervenciones estatales de emergencia tienen salivando a bufetes de abogados que asesoran a sus clientes en torno a las medidas que los pueden llevar a interponer demandas multimillonarias bajo tratados bilaterales de inversión y de libre comercio (TBI y TLC), cuando sus operaciones o ganancias se ven afectadas. Desde el comienzo de la pandemia, por ejemplo, Aceris Law, una empresa de arbitraje internacional con sede en Washington DC, ha declarado que “si bien el futuro sigue siendo incierto, es probable que la respuesta a la pandemia de Covid-19 viole varias protecciones previstas en los tratados bilaterales de inversión y en el futuro pueda dar lugar a demandas por parte de inversionistas extranjeros”.
De acuerdo con un artículo en la revista especializada Global Arbitration Review, “México ha adoptado dos políticas en materia de energía que se decía eran respuesta a la caída de demanda de energéticos causada por el Covid-19. Estas políticas han tenido el efecto práctico de disminuir la producción de energía renovable al suspenderse todas las pruebas en las granjas solares y eólicas, dando mayor acceso a generadores de electricidad no renovables ( sic), fortaleciendo el papel de la Comisión Federal de Electricidad en la planeación. En respuesta, varios inversionistas están, según se informa, considerando demandar a México” (traducción del autor).
En efecto, desde 2020 se han seguido propagando como un virus las demandas a Estados en tribunales supranacionales, sistema que funciona paralelamente al del derecho internacional, impulsado por la implementación de más de 2 mil 600 TBI y TLC. Las demandas ascienden a cientos o incluso miles de millones de dólares, por políticas públicas y regulaciones que, argumentan, reducen el valor de sus inversiones o sus ganancias esperadas (expropiación indirecta).
Desde 2020 se han registrado tan sólo en el Ciadi al menos 72 nuevos casos de demandas inversionista- Estado. Varios de éstos por montos estratosféricos. La compañía de construcción brasileña Odebrecht ha demandado a Perú por más de mil 200 millones de dólares. La empresa portuaria holandesa Bob Meijer, a la República de Georgia por mil millones de dólares. La constructora italiana Webuild tiene un caso en tribunales contra Panamá por 2 mil 200 millones de dólares. México ha recibido desde 2020 al menos tres nuevos casos (de Rabobank, Espíritu Santo Holdings y First Majestic), que se suman a los muchos otros que lo hacen uno de los países más demandados del mundo (ver “La 4T y los derechos de los inversionistas”, La Jornada, 1/4/01).
Hace justo un año, 630 organizaciones (http://s2bnetwork.org/carta-abierta- a-los-gobiernos-sobre-isds-y-covid-19/), incluida la Confederación Sindical Internacional, alertaron sobre la situación instando a gobiernos a que “tomen la iniciativa de asegurar que los países de todo el mundo no se enfrenten a una ola de demandas de capitalistas extranjeros a partir del mecanismo de solución de controversias entre inversores y Estados, derivadas de las medidas adoptadas para hacer frente a la pandemia y la crisis económica asociada al Covid-19”.
El presidente Joe Biden criticó este sistema durante su campaña, afirmando: “No pienso que las corporaciones deberían tener acceso a tribunales especiales a los que no puedan hacerlo otras organizaciones”. Ahora, a la vez de proponer suspender las patentes y enfrentar los poderosos derechos de propiedad intelectual, debería trabajar con otros países para proteger a los gobiernos de la proliferación de demandas de inversionistas a Estados y empezar a desmantelar este sesgado sistema.
Hoy día, cuando los gobiernos de todo el mundo están lidiando para encontrar recursos que permitan hacer frente a la pandemia del nuevo coronavirus y sus impactos, no deberían estar agobiados defendiéndose ante multimillonarias demandas corporativas. Es hora de poner la salud y la seguridad por encima de la sed de lucro corporativo.
* Investigador del Institute for Policy Studies www.ips-dc.org
Twitter: @ManuelPerezIPS
