Para ser una “deficiencia metodológica”, según la Auditoría Superior de la Federación (ASF), una diferencia de 220 mil millones de pesos resulta realmente abismal respecto de las cifras reales y, ni de lejos alcanza para justificar el “desfase” existente a la hora de las sumas y restas para estimar los costos por la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM). A finales de febrero pasado, como parte de su informe sobre la cuenta pública 2019, la ASF dio a conocer que, de acuerdo con sus cálculos, el costo de dicha cancelación –ordenada por el presidente López Obrador– se aproximó a 332 mil millones de pesos, monto que rebasó, por mucho, las estimaciones que sobre el particular realizó el gobierno federal.
Tal afirmación causó malestar en Palacio Nacional, donde el presidente López Obrador “invitó” a la ASF a revisar y rectificar sus números, porque “sus señalamientos están mal y son exagerados”, amén de que en su informe “le están dando mal la información a nuestros adversarios y yo creo que no deben de prestarse a esas campañas”. Entonces, “antes de que aclaremos nosotros, que lo haga la Auditoría”.
El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, le hizo segunda y advirtió que 75 por ciento de los resultados de la revisión de la ASF al costo de cancelación del NAICM, efectuada por la Auditoría, “son erróneos”, pues calculó en alrededor de 331 mil 996 millones de pesos dicho costo (estimación que “sorprendió a todos”), cuando en los hechos fue sustancialmente menor. La ASF “claramente confundió las operaciones netas con las operaciones brutas”, en un asunto de “contabilidad financiera muy elemental; en el reporte de la ASF no se utilizaron los criterios contables esenciales. Con criterios financieros extraordinariamente elementales eso es difícil de entender, sobre todo cuando proviene de una institución experimentada.Por ello, no sabemos bien a bien a qué se debe. O hay un problema de preparación básica de quien formuló esto o se trata francamente de mala fe de quien dio a conocer el informe”.
El reclamo gubernamental se basaba en hechos contra estimaciones mal realizadas por la ASF, tanto que la diferencia entre los primeros y las segundas resultó en la friolera de “220 mil millones de pesos” menos. Y, ataque hepático de por medio, la Auditoría se vio en la penosa necesidad de recular y poner nuevas pilas a su calculadora.
Así, la ASF reconsideró su informe previo y ayer se conocieron sus “correcciones”, las que incluyen el reconocimiento de que “al finalizar 2019 la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México costó 113 mil 327.7 millones de pesos, según Gerardo Lozano Dubernard, titular de la Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero (AECF), de la Auditoría Superior de la Federación, instancia que encabezó el grupo revisor del informe en el que la propia Auditoría señalaba que el cierre de la terminal de Texcoco había costado tres veces más que lo proyectado por el gobierno federal” ( La Jornada, Arturo Sánchez Jiménez).
La diferencia entre el primer informe (febrero pasado) y el “corregido” (divulgado ayer) es de 220 mil millones de pesos (alrededor de 11 mil millones de dólares), monto lo suficientemente grande como para que, sin más, haya pasado de largo a la hora de las sumas y restas. Es decir, quién sabe por qué la ASF infló los costos en casi 200 por ciento, algo que resulta “incomprensible” en una institución dedicada y obligada a la precisión en sus informes sobre el ejercicio del gasto público.
Para la memoria: en septiembre de 2014 el entonces secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, públicamente “informó” que el costo total del faraónico NAICM sería de 120 mil millones de pesos, y prácticamente al cierre del sexenio peñanietista ese monto ya rebasaba los 320 mil millones, es decir, un incremento de 267 por ciento. En diciembre de 2018 se canceló la construcción de la nueva terminal aérea. Entonces, ¿la ASF se hizo bolas, hubo mano negra, o qué pasó ahí?
Las rebanadas del pastel
Otro filón que se les va a los barones: el presidente López Obrador anunció que los 10 parques industriales en el sureste del país “no se concesionarán a particulares; es un asunto de soberanía y lo manejará el Estado mexicano”.
