Ciudad de México. La eventual utilización del edificio de República de Cuba 60, en el Centro Histórico de la capital, como un refugio para víctimas de violencia de género, codirigido por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la asociación civil Frente Nacional Ni Una Menos México, generó puntos de vista encontrados.

Luego de que el jueves se firmara un convenio de colaboración entre ambos organismos, en el cual se acordó destinar el mencionado inmueble como sitio de atención a víctimas, la presidenta de Ni Una Menos, Yesenia Zamudio, estimó que los grupos feministas del llamado Bloque Negro –quienes controlan el edificio desde septiembre de 2020—no han hecho un buen uso de las instalaciones.

“Las chicas no tendrían por qué estar ahí. Dicen que es por violencia de género, pero yo creo que muchas no saben para qué quieren el inmueble y tampoco pueden quedarse con él si ni siquiera le están dando un uso indicado. Parece que lo agarraron más como vivienda, cuando para eso hay otras instituciones que podrían darles solución. El problema nuestro es mucho mayor, porque hablamos de violaciones de derechos humanos”, indicó en entrevista.

La luchadora social –madre de María de Jesús Jaimes, estudiante universitaria víctima de feminicidio en 2016— reiteró que las integrantes de Ni Una Menos México “no queremos el edificio para vivir ahí, sino para atender a las víctimas del interior de la República” y darles apoyo sicológico y legal de manera más rápida y efectiva.

Al preguntársele si el convenio firmado el jueves implicaría un desalojo de los grupos que hoy controlan el edificio, Zamudio indicó que no lo sabe, pues quien está analizando ese punto es “el área legal” de la CNDH.

A decir de Zamudio, las feministas que hoy se encuentran en el sitio “tuvieron contacto con gente de gobierno y ahí se echó a perder todo. Pensaron que difamándome y diciendo mentiras nos iban a atacar, pero tenemos una lucha auténtica y bien fundamentada, por eso más colectivos se nos están uniendo”.

“La CNDH no quiere colaborar, sino tener gente bajo su yugo”

Por su parte, la activista Erika Martínez, quien hasta hace unos meses formaba parte de la llamada “okupa” de República de Cuba, lamentó que Ni Una Menos México busque codirigir el inmueble y consideró que Zamudio busca obtener un “beneficio personal” del lugar.

“Ya sabíamos que había algo oscuro y hasta hoy sale a la luz, porque ellos ya dan por ganado el edificio. Lamentablemente, primero tuvieron que romper desde adentro al movimiento feminista y crear problemas entre colectivas, pero aún no hay nada ganado ni perdido, porque el edificio todavía está en resguardo del Bloque Negro y vamos a ver cómo responde”, puntualizó.

Tras recordar que ella y otras cuatro activistas tuvieron que salir del inmueble luego de que la CNDH presentara denuncias en su contra por el delito de despojo, Martínez –cuya hija fue víctima de abuso sexual a los 7 años de edad—dijo que las organizaciones feministas deben supervisar el trabajo de los organismos del Estado, pero no trabajar para ellos, porque las instituciones “no desean colaborar, sino que la gente esté bajo su yugo”.

Martínez consideró que la CNDH “empezó a romper y a debilitar la lucha desde adentro y hoy impone a una colectiva que tuvo precio y que a nosotras, las mujeres que hemos sido víctimas, no nos sirve”.

Como se informó en este diario, el 2 de septiembre del año pasado un grupo de víctimas de violaciones de derechos humanos –entre ellas las señoras Silvia Castillo y Marcela Alemán—se reunieron en el edificio de República de Cuba con la titular de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra, para solicitar atención a sus casos, pero decidieron amarrarse al mobiliario de una sala y quedarse en el sitio, por considerar que no se les estaba ayudando de forma adecuada.

Unas horas después, diversos grupos feministas acudieron al inmueble a manifestar su solidaridad con las víctimas y tomaron el edificio de manera pacífica.

Aunque en un principio confluyeron ahí las integrantes del Bloque Negro y el grupo de Yesenia Zamudio, ésta salió del lugar el 18 de septiembre, tras denunciar en redes sociales que había sufrido amenazas por parte de personajes supuestamente “infiltrados” en la ocupación.

La Jornada consultó a las actuales ocupantes del edificio sobre la posibilidad de un eventual desalojo, pero declinaron hacer comentarios sobre el tema.

De igual manera, se solicitó a la CNDH una entrevista para saber si existen denuncias de despojo en contra de activistas o si existe algún plan para retomar el inmueble, pero hasta el momento no ha recibido respuesta.