Óscar Moreno Villatoro, ex director general de Administración de Prisiones Federales, solicitó la protección de la justicia federal, en contra de las acciones que ha emprendido la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales, como parte de las indagatorias que se realizan por los contratos fuera de la ley firmados para la construcción de ocho centros penitenciarios durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
El juzgado segundo de distrito en materia penal, con sede en la Ciudad de México, dio entrada a la petición de amparo en contra del Ministerio Público federal y de otras autoridades, en este caso de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), ya que al ex funcionario se le ha incluido en la lista de servidores públicos que podrían haber incurrido en responsabilidades por la asignación directa de contratos.
El expediente 255/2021 fue abierto el pasado 9 de abril y se aceptó a trámite, ya que en el asunto se alude a la “violación al derecho a la defensa”, en cuanto a la integración de la carpeta de investigación que ha dado origen a la causa penal 45/21 en la que se ha citado a una veintena de ex funcionarios de la SSPC y algunas áreas de esta dependencia, como el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social.
En paralelo al juicio de amparo, un juez de control con sede en el Reclusorio Sur de la Ciudad de México ya citó a comparecer en la audiencia inicial a Moreno Villatoro y a 19 ex servidores públicos más.
En todos sus cargos, Moreno Villatoro estuvo bajo el mando de Ramón Eduardo Pequeño García, ex titular de la División Antidrogas de la extinta Policía Federal, uno de los mandos más cercanos a Genaro García Luna, quien está sujeto a investigación por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera, luego de que el secretario de Seguridad en el gobierno de Felipe Calderón fue detenido por autoridades de Estados Unidos por presuntamente haber recibido sobornos de grupos de la delincuencia organizada.
