Desde el 28 de abril, la gente en Colombia –y los y las colombianas fuera del país– está en las calles, tumbando estatuas, bailando, haciendo música, gritando, pintando, detonando una de las mayores movilizaciones sociales en la historia, también una de las más cruentas. Desde el primer día hasta el pasado viernes, se contabilizaban mil 773 casos de violencia policial, 37 víctimas de asesinato y 936 detenciones arbitrarias. Según las Organizaciones Defensoras de Derechos Humanos se han reportado desde ese día 379 personas de las que no hay rastro. En Chile, en 150 días de movilización, se produjeron 34 muertes; en Estados Unidos, tras el asesinato de George Floyd, en 60 días de marchas, se reportaron 30 muertes. En Colombia, durante ocho días habían sido asesinadas 37. Es una cacería. Pero los pueblos avanzan, y esto desborda la inconformidad por una reforma fiscal; muchos colombianos ya no son inmunes a la realidad.
Entre las cosas por hacer en Medellín que venden los tours no está, por supuesto, visitar La Escombrera. Medellín ha tenido un crecimiento inmobiliario sostenido, una ciudad colgada azarosamente entre las montañas; La Escombrera es donde se han lanzado los restos de los escombros de este “desarrollo”, tetas y edificios, dicen los turistas. Pero también La Escombrera podría ser la fosa común más grande del país. No se sabe aún cuántas personas fueron y siguen siendo sembradas en esta montaña de escombros. El escenario más crudo fue cuando durante la Operación Orión, una cacería urbana paramilitar en apoyo del ejército sobre la Comuna 13, enterró la población ahí. Esta metáfora, que nos planta frente a los ojos Pablo Montoya en su libro La Sombra de Orión, es la contradicción de una nación en guerra de los que se enriquecen en ella y los jodidos.
Por una parte, nos robaron la posibilidad de un futuro sin armas. Nos dijeron que se iban las FARC y el país mejoraba y no, se han encargado de romper uno a uno los compromisos, y nos empujan a una espiral de violencia y de degradación humana a la que las élites vándalas han estado acostumbradas a lo largo de la historia de la nación. Quieren volver a asperjar con glifosato, quieren volver a criminalizar a los campesinos y los pueblos étnicos, quieren impedir la justicia transicional. Hace un par de semanas asesinaron a una gobernadora indígena y la lista de dirigentes regionales y nacionales, y ex combatientes asesinados crece diariamente. “El silencio de los fusiles” temporal nos permitió escuchar el país muerto, sus víctimas, que como dice Pablo Montoya, es “este enjambre descomunal y aturde cuando se oye”.
De otra, el bolsillo no aguanta. Antes de la pandemia, el gobierno hizo una reforma fiscal que benefició al gran capital y descapitalizó el Estado. Entramos a la crisis del coronavirus y la manera de corregir el hueco fiscal provocado por el gobierno de Iván Duque fue redactar una reforma que desconoce que se vive en un país donde 90 por ciento de la población gana menos de mil 100 dólares. Hace un par de semanas, el Departamento Nacional de Estadísticas informó que el último año aumentó el número de personas en pobreza en 3 millones y ahora hay 46 por ciento de pobres, casi la mitad. Los edificios llenos de trapos rojos de gente pidiendo comida en los barrios populares de toda la nación son la voz del hambre. La imposibilidad de controlar la pandemia, que en este momento está en su tercer pico, con un país que ha estado encerrado sin alternativas económicas, pero aun así contagiándose, detonaron en legítima rabia.
La historia nos enseña que en los periodos más agudos del conflicto armado en el país (2002-2010) se llevó a cabo el boom del sistema financiero; el crecimiento del Grupo Aval no se da por fuera de este contexto de guerra. No se está marchando por un mal gobierno, la nación se levanta porque ya no es inmune a la realidad de que la guerra para muchos era un velo; ha habido gente que se ha beneficiado en medio de la guerra, y quieren, ahora en medio de la pandemia, seguir haciéndolo. A esto hay que sumarle que Cali, un epicentro de la cacería desatada por el gobierno colombiano, es también el lugar donde se está jugando la reconfiguración de las economías de la cocaína, en la cual hay sectores institucionales y élites involucradas. Desatar esta violencia en medio de este reacomodo del narcotráfico no puede ser pasado por alto.
Vandalizaron la economía, la paz, el futuro, la salud, la vida. ¿Quiénes son los vándalos? No los vemos. Vemos una camioneta blanca que le dispara a un punto de misión médica organizada por ciudadanos para atender las emergencias del Paro en Cali. Le dispara a los y las doctoras y enfermeras que voluntariamente están atendiendo ahí. Vemos que desde una moto disparan a quemarropa una ráfaga a tres marchantes en el Viaducto de Cali. Vemos un helicóptero aterrizando en un colegio en Bogotá, vemos a la policía disparándole sin control a las personas que persigue en sus motos. Vemos las nuevas tanquetas del Esmad lanzando ráfagas de aturdidoras. Es un escenario de guerra.
Vemos también a las Altas Cortes violando la independencia constitucional y escribiendo comunicados conjuntos con el gobierno de Iván Duque creyendo que un papel va a detener este hilo que se hizo quebrada ahora es un río.
Vemos fotos. La imagen es en blanco y negro, la de un hombre encapuchado vestido de militar señalando una casa. Es una foto de 2002 de Jesús Abad Colorado, durante la Operación Orión, en el barrio San Javier, en Medellín. Va señalando a quién asesinar, capturar, desaparecer. Vemos tuits. Vemos a un ex presidente dando vía libre a la policía para el uso de armas de fuego porque, según él, están en su derecho. También vemos tuits del mismo ex presidente diciendo que la bandera del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) es la de un grupo guerrillero. Lo vemos gritando en CNN que los muertos de las marchas no son de las marchas.
Y por supuesto, no son de las marchas, son de la esperanza de rescribir nuestro mito. Ahora o nunca.
