Pedro Lunez Pérez, residente de 24 años de edad del municipio de Aldama, Chiapas, fue asesinado ayer por grupos paramilitares de Santa Martha, municipio de Chenalhó. La Comisión Permanente de los 115 Comuneros y Desplazados de Magdalena Aldama reportó que los disparos salieron del punto denominado Nech’en Saclum, en Santa Martha, mientras el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas A.C. (Frayba) informó que “el lamentable deceso ocurrió mientras la Guardia Nacional y policías estatales se encontraban cerca de la comunidad de Coco’”. Horas después, continuaban las detonaciones contra los pobladores de Aldama.
El ataque homicida sucedió apenas cinco días después de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgase medidas cautelares a favor de 12 comunidades indígenas tzotziles del municipio de Aldama, en las cuales exhortó al Estado mexicano a “adoptar las medidas de seguridad necesarias para proteger la vida e integridad física de las personas, garantizar su seguridad en el interior de sus localidades y durante sus desplazamientos”.
Como revela el pronunciamiento de la CNDH y este diario ha reportado de manera puntual, las agresiones paramilitares se han vuelto la atroz cotidianeidad que padecen los pobladores de Aldama a manos de sus vecinos de Chenalhó, y el recrudecimiento de esta violencia en el último año impide circunscribirla al conflicto agrario que estas comunidades mantienen desde hace casi medio siglo en torno a 60 hectáreas de tierra. Como ha denunciado la Comisión Permanente de los 115 Comuneros y Desplazados, lo que caracteriza a estos ataques es la total impunidad con la cual se suceden, así como una complicidad de las autoridades que ha llegado al extremo de que policías estatales se sumen a los paramilitares en el asedio que mantienen contra Aldama.
Está claro que la atención esporádica o las buenas intenciones de las autoridades federales no han bastado para poner fin a una tragedia humanitaria que, hasta octubre de 2020, había dejado 2 mil 36 desplazados forzados internos en un municipio de apenas 5 mil habitantes. Al respecto, cabe recordar que el último día de julio de ese año el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, se comprometió a reparar los daños por la muerte de 24 personas en este conflicto, pero con el asesinato de Pedro Lunez ya son al menos 27 quienes han perdido la vida, sin que existan visos de solución. Tampoco pareció marcar un punto de inflexión el llamado Convenio Definitivo que Resuelve el Conflicto Agrario entre Bienes Comunales del municipio de Aldama y Santa Martha, Chenalhó, firmado el 28 de noviembre en Tuxtla Gutiérrez en presencia del subsecretario Encinas; el acuerdo duró menos de lo que tardó en firmarse, pues al día siguiente se registraron dos ataques con “armas de fuego de grueso calibre” y, desde entonces, las agresiones se han sucedido de forma ininterrumpida.
Ante la más reciente tragedia ocasionada por la total libertad con que operan los grupos paramilitares en esta región indígena, es ineludible retomar el llamado de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas, que en noviembre pasado urgió a que “se esclarezcan los hechos y se castigue a los responsables, intelectuales y materiales, de este ataque y de los que han tenido que padecer los pueblos de esta zona”. Mantener el actual estado de cosas no sólo es inadmisible desde la perspectiva de la legalidad y los derechos humanos, sino que además supone invocar la repetición de catástrofes humanitarias de gran escala, como las que ya han azotado a la entidad.
