La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó el año pasado 21 mil 375 cuentas, el número más alto en casi dos décadas de su existencia.
El titular del área, Santiago Nieto Castillo, comentó en un foro virtual para conmemorar los 17 años de la UIF, dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), que en 2020 se observó una proliferación de actividades financieras ilícitas a raíz del confinamiento por la pandemia de Covid-19.
El funcionario detalló que en lo que va de la actual administración hay 5 mil 337 sujetos y 37 mil 272 cuentas bloqueadas.
Apuntó que durante 2020 se registró un mayor número de bloqueos porque se realizó un operativo en el que participó, además de autoridades mexicanas, la Agencia Antidrogas Estadunidense (DEA, por sus siglas en inglés) y otras agencias estadunidenses contra el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), así como por otros ilícitos relacionados con la pandemia.
“Vimos un incremento en montos de prestamos, créditos en el sistema no financiero, en los fraudes de naturaleza cibernética, en pornografía infantil, vendida vía Internet, entre otros, y temas vinculados con corrupción, relacionados con la adquisición de medicamentos y fraudes a la sociedad, a las personas, a partir de la pandemia”, dijo, sobre los tipos de conductas ilícitas observadas el año pasado.
El funcionario apuntó que los montos bloqueados hasta el momento suman alrededor de 4 mil 713 millones de pesos, directamente, y mil 974 millones de pesos a terceros relacionados, es decir, más de 6 mil 687 millones de pesos.
En dólares son casi 333 millones de dólares, a pesar de la jurisprudencias impulsada por el ex ministro Eduardo Medina Mora y el impacto negativo que se ha tenido para la actividad institucional.
Detalló que se han denunciado a 2 mil 166 personas, de las cuales mil 77 son personas físicas, 884 personas morales y las 205 restantes son servidores públicos.
Señaló que en el país hay 33 Unidades de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE) que se encuentran adscritas a diferentes áreas como secretarías de finanzas o fiscalías, por lo que consideró es un avance para que se construyan un modelo híbrido como el de la UIF.
Subrayó que como parte de la colaboración que mantiene con nueve de esas oficinas estatales, hay un intercambio de información catastral, propiedad del comercio, y de registro vehicular, entre otros para detectar la operación de grupos delincuenciales.
Adelantó que es preciso una reforma legislativa para que se puedan dar cumplimiento a todas las recomendaciones hechas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi).
El funcionario, quien apenas ayer informó que resultó positivo a la prueba de Covid, pero es asintomático, agregó que si bien el grupo sesionará en junio, se espera que por lo menos la recomendación 23 aún quede en incumplimiento.
En otro tema, comentó que se requiere una política distinta para evitar que armas de EU lleguen a México, pues representan 70 por ciento de las involucradas en asesinatos en nuestro país.
Bastión de las decisiones gubernamentales
La titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, señaló que la Unidad de Inteligencia Financiera “es una institución que genera condiciones de paz y de seguridad, y es de capital importancia en los procesos de transparencia y rendición de cuentas”, pues destacó que ha logrado consolidarse como “bastión de las decisiones gubernamentales” y comparte el compromiso del presidente Andrés Manuel López Obrador, de “preservar la integridad y estabilidad del país”.
Al participar con un videomensaje en la conmemoración del 17 aniversario de la creación de la UIF, Sánchez Cordero elogió la labor de su titular, Santiago Nieto.
Agregó que la UIF tiene gran relevancia en el desarrollo de México, pues con el paso del tiempo y la mejora de las tecnologías se ha ido consolidando. Y por ser un “modelo de institución, pues alrededor del mundo, las unidades de inteligencia financiera transforman datos en decisiones usando la información generada por estas para aplicarlas en las actividades de investigación”.
La inteligencia financiera, afirmó la funcionaria, pone un alto a “la corrupción, el terrorismo y la realización de operaciones con recursos de procedencia ilícita, comúnmente conocidas como lavado de dinero”.
Destacó que el combate a toda actividad ilícita “debe considerarse un frente común, normalizado en el quehacer político y guiado por los principios constitucionales de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez”.