El sector privado espera al menos 50 amparos de empresas para evitar la implementación de la reforma de hidrocarburos, señaló la International Chamber of Commerce México (ICC México).
En conferencia virtual, Claus Von Wobeser, presidente del organismo, descartó que por el momento se pueda dar un desabasto de gasolinas como consecuencia de las modificaciones a la Ley de Hidrocarburos, la cual entró en vigor el 5 de mayo.
Agregó que, en el caso de las controversias que puedan iniciar empresas extranjeras, todavía falta tiempo para que se concreten, pues si los amparos frenan la implementación, ya no será necesario que se interpongan esos recursos.
Von Wobeser comentó que una de las consecuencias de la reforma se reflejará en la inversión en el sector energético que, si bien ha sido baja como lo ha señalado el gobierno mexicano, esto tampoco lo causaron las políticas energéticas de la actual administración.
El dirigente empresarial señaló que el ICC entiende la preocupación del gobierno federal por el contrabando de combustibles y por las alteraciones a los instrumentos de medición de hidrocarburos, que han sido prácticas comunes en el país, por lo que apoyan las acciones para detener estas prácticas.
Sin embargo, dijo, todo fortalecimiento del marco legal aplicable debe realizarse en pleno respeto al estado de derecho, lo cual incluye las garantías constitucionales de certidumbre y seguridad jurídica, al principio de progresividad y al principio de no aplicación retroactiva de la ley.
Indicó que al ICC le preocupan las disposiciones que crean incertidumbre a los permisionarios en cuanto a las obligaciones que deben cumplir, así como las que generan incertidumbre en cuanto a la duración de la suspensión de un permiso o en cuanto a los motivos de dicha suspensión, ya que se incorporan conceptos como peligro inminente, seguridad nacional, seguridad energética y economía nacional, los cuales consideró como ambiguos al no estar bien definidos.
También comentó que resulta preocupante que, en caso de que la autoridad suspenda los permisos, la operación de la infraestructura quede a cargo de Petróleos Mexicanos (Pemex) o de las empresas estatales, pues las medidas pueden ser condenadas como violatorias de derechos.
“Estas preocupaciones podrían traducirse en desincentivar la participación de nuevos competidores en el mercado de hidrocarburos, reducir la oferta o distorsionar el régimen de permisos”, apuntó.
