Si bien ha habido avances para que el Poder Judicial haga transparentes sus sentencias, aún falta mucho para que la publicidad de éstas permee en todos los jueces y tribunales del país, expuso ayer la presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI), Blanca Lilia Ibarra Cadena.
La reforma de la fracción II del artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de agosto de 2020 y que entró en vigor el pasado 9 de febrero, dio de plazo a los poderes judiciales federal y estatales hasta el 8 de agosto de 2021 para que todas las sentencias de jueces y magistrados se difundan en versión pública.
Actualmente, la normatividad obliga a todos los poderes judiciales a transparentar sus sentencias, pero, según una investigación realizada por la organización Equis Justicia para las Mujeres, en 2015 ninguno de los 32 poderes judiciales del país cumplía con esa obligación conforme a los principios de máxima publicidad, accesibilidad, completitud y oportunidad, dijo Ibarra Cadena al inaugurar de manera virtual los foros regionales La Transparencia Judicial y la Publicidad en las Sentencias Judiciales, organizados por el Sistema Nacional de Transparencia (SNT).
A pesar de que la reforma constituye un balance positivo en los esfuerzos para fortalecer la rendición de cuentas y el estado de derecho a partir de la reafirmación de la legitimidad de las instituciones del Poder Judicial Federal y de los locales, “aún tenemos un largo recorrido para asegurar que la publicidad de las sentencias sea una obligación que, efectivamente, permee entre todos los tribunales y juzgados a lo largo y ancho del territorio nacional”, sostuvo.
Ibarra Cadena aseguró que el INAI y el SNT mantienen una política de acompañamiento, capacitación y asesoría a los poderes judiciales en las entidades federativas para que cumplan a cabalidad con esta reforma.
