La decisión de la Cámara de Diputados de retirar el fuero al gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, es inatacable, pues “el señor no tiene inmunidad procesal penal, más que frente al Poder Judicial del estado; si un juez federal abre una causa, tendrá que comparecer”, explicó el presidente de la sección instructora, Pablo Gómez Álvarez (Morena).
En entrevista agregó que el Congreso estatal “debió separarlo del cargo porque no lo pueden proteger”. Precisó que, al no haber recurso posible en contra de la resolución de la cámara, “no puede estar en un litigio, no hay controversia”, porque la participación de los diputados terminó cuando se aceptó y votó el desafuero.
Por su parte, Alberto Woldrich Ortiz, presidente de la Academia de Derecho Penal del Colegio de Abogados de México, afirmó que García Cabeza de Vaca puede ser destituido de su cargo, pues ha incumplido con varias sentencias de amparo relacionadas con la expropiación de predios para la construcción del Puente Internacional Libertad.
El experto recordó en entrevista que en marzo de 1998 el entonces gobernador de la entidad Tomás Yarrington –hoy en juicio por narcotráfico en Estados Unidos– expropió varios terrenos para la construcción de dicho puente.
Los propietarios de los predios se ampararon y en 2018 la Suprema Corte de Justicia de la Nación les dio la razón, pues nunca se probó la “causa de utilidad pública”, necesaria para justificar la expropiación. El gobierno de Tamaulipas, ya para entonces encabezado por García Cabeza de Vaca, fue informado de la sentencia, que le ordenó pagar por los terrenos expropiados conforme a su valor comercial, lo cual no ha cumplido.
El Congreso de Tamaulipas convocó ayer a sesión ordinaria a celebrarse este jueves en el pleno legislativo, pero en la agenda no figura el juicio de procedencia aprobado en la Cámara de Diputados federal la semana anterior, en contra de García Cabeza de Vaca, ni hay indicios de nombrar a un gobernador sustituto.
