Empresas comercializadoras de transgénicos y glifosato buscan que se desestimen los casos pendientes en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que impugnan el uso de sus productos, decisión que evitaría sentar precedentes sobre derecho ambiental.

Entrevistada al respecto, Rocío Toxqui, integrante del equipo jurídico de las organizaciones ambientalistas, afirmó que no han sido notificadas de tal solicitud y que, en todo caso, el sobreseimiento los beneficiaría, pues el amparo sólo buscaba revisar la medida cautelar, que es la suspensión de las autorizaciones para sembrar maíz transgénico, la cual está vigente desde hace más de seis años.

Fuentes judiciales señalaron que las empresas sostienen que el decreto presidencial para eliminar paulatinamente el glifosato, cuyo uso es necesario para la siembra de maíz transgénico, es un hecho superveniente que dejaría sin materia los juicios sobre el tema.

El 31 de diciembre de 2020 se promulgó este decreto, el cual dispone de un periodo de transición para que, en enero de 2024, se elimine completamente el uso del glifosato y de maíz genéticamente modificado para alimentación humana.

El caso más relevante es el amparo en revisión promovido por las empresas Syngenta Agro, Monsanto, Dow Agrosciencies y PHI México, contra la orden de un juez federal que impidió la emisión de permisos para la siembra de maíz transgénico en el norte del país.

Las quejosas afirman que, una vez promulgado el decreto presidencial, este amparo debe sobreseerse, sin embargo, el fondo jurídico del litigio va más allá del caso específico, pues se pide a los ministros definir si es o no constitucional la “facultad del juez para determinar cualquier medida precautoria para garantizar derechos a intereses de la colectividad que argumenta violación a los derechos humanos”.