Bogotá. Decenas de miles de personas, en su mayoría jóvenes, protestaron ayer por octavo día consecutivo en las principales ciudades de Colombia al participar en un nuevo paro nacional en reclamo del cese del abuso policial, que ha dejado decenas de muertos, y la implementación de políticas sociales favorables a la población en medio de la crisis económica derivada de la pandemia del Covid-19.

Pese al anuncio del presidente Iván Duque de retirar su polémica propuesta de reforma fiscal y su disposición a entablar un diálogo nacional, estudiantes, sindicatos, indígenas, defensores de derechos humanos y otros sectores de la población convocados por el Comité Nacional del Paro avanzaron pacíficamente desde diversos puntos de esta capital hacia la central Plaza de Bolívar, aledaña a la sede de la presidencia, gritando consignas a favor de mejores condiciones en salud y educación.

En solidaridad a las protestas pacíficas, músicos de la Orquesta Filarmónica de Bogotá interpretaron Fanfarria para un hombre común, del estadunidense Aaron Copland, frente al Monumento Almirante Padilla en el Park Way, zona en la que son frecuentes los cacerolazos.

Durante la protesta un grupo de encapuchados se enfrentó con agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) al tratar de irrumpir en el Congreso, pero fueron repelidos con gas lacrimógeno.

“Los jóvenes en la plaza derriban vallas y el Esmad interviene, tenemos que parar ese círculo vicioso. Invito a los congresistas que están ahí y son convocantes del paro a que salgan a dialogar con los jóvenes y concreten un camino de mediación y el fin de la confrontación”, tuiteó la alcaldesa de Bogotá, Claudia López.

La violencia en la capital se agravó la noche del martes con actos de vandalismo luego de numerosos enfrentamientos de manifestantes con la policía. López reportó que hubo ataques contra 19 Centros de Atención Inmediata (CAI) y saqueos, mientras en redes sociales se denunciaron abusos policiales y redadas.

Uno de los actos más graves fue cuando una turba incendió el CAI de Aurora, en la localidad de Usme, de donde 10 agentes lograron escapar de las llamas, algunos con lesiones. La jefa de gobierno solicitó apoyo al Ministerio de Defensa para custodiar los centros y las Unidades de Reacción Inmediata, donde están unos 2 mil 825 detenidos, lo que generó temor entre la población de una posible militarización de la ciudad.

Helicópteros militares Black Hawk de la policía aterrizaron en varios puntos de Bogotá, uno de ellos en el colegio sureño Claretiano de Bosa, constataron con videos y fotografías usuarios en redes sociales horas después del anuncio de López.

La alcaldesa tuiteó ayer que “no hay ni habrá militarización en Bogotá” y aseguró que sólo un “helicóptero Halcón de la policía llegó para asistir en la logística en los distritos de Suba, Bosa y Kennedy, de donde hemos tenido que sacar a uniformados heridos”.

El gobierno capitalino informó que la noche del martes se reportaron 91, 72 de ellos civiles y 19 policías; además, notificó que el transporte público operaría ayer hasta las 3 de la tarde a 60 por ciento de su capacidad, después de que 35 por ciento de sus estaciones fueron dañadas.

El presidente Iván Duque no descartó decretar el estado de conmoción interior para poner fin a la compleja situación de orden público que atraviesa Colombia, pese a tener la mirada de la comunidad internacional, que denunció excesos de la fuerza pública durante las protestas.

Insistió en que “el terrorismo urbano que estamos observando se encuentra financiado y articulado por mafias del narcotráfico”, por lo que ofreció hasta 10 millones de pesos colombianos por “la colaboración efectiva para la identificación y captura de los autores de actos vandálicos”.

Las protestas, que continúan pese a que el mandatario retiró la reforma tributaria, han dejado desde el 28 de abril 24 muertos, según la Defensoría del Pueblo, pero la cifra se eleva a 37 en el conteo de la ONG Temblores.

Sergio Marín, miembro de la Cámara de Representantes por el ex guerrillero partido Comunes, advirtió que el gobierno pretende declarar estado de conmoción interior, y subrayó que la solución a la crisis “no está en darle más poder al poder y reprimir al pueblo con la fuerza militar”.

En Cali, foco de protestas y enfrentamientos, miles de indígenas se sumaron al paro nacional agitando sus bastones de mando y al grito de “resistencia”, en momentos en que las autoridades y manifestantes acotdaron habilitar un corredor humanitario que permita abastecer la ciudad de combustible, víveres e medicina contra el Covid-19.

Una multitud se volcó a las calles en Medellín con música, teatro y arengas contra el gobierno. Las marchas se replicaron por gran parte del país. Los departamentos de Meta, Antioquia, Santander, Valle del Cauca, Boyacá, Cundinamarca, Tolima y la región Caribe permanecen con bloqueos viales que, de acuerdo con los transportistas, no serán levantados hasta que Duque atienda sus demandas.

En las capitales de Cuba, Uruguay, Chile, Ecuador, Argentina, Perú y Costa Rica cientos de personas, muchas de ellas colombianas, se movilizaron en rechazo al gobierno y las reformas de Duque.

Más de 20 ONG colombianas, encabezadas por la Asociación Minga y el Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda, pidieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la creación de un “grupo especial de investigación sobre violaciones a los derechos humanos cometidos por las fuerzas del orden durante las protestas que abarque los últimos tres años”.

En este contexto, el presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, acusó sin pruebas la supuesta intervención de su par venezolano, Nicolás Maduro, en las protestas contra Duque. El señalamiento fue rechazado por el canciller bolivariano, Jorge Arreaza.