San Luis Potosí. SLP. Mónica Rangel Martínez, quien busca la gubernatura de San Luis Potosí por Morena, denunció violencia política de género por parte de quienes llamó “los mismos de siempre" —refiriéndose a la autoridad electoral federal—, porque el miércoles la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) del Instituto Nacional Electoral (INE) hizo llegar a los consejeros un proyecto de dictamen relacionado con la revisión de gastos de precampaña de San Luis Potosí, cuya sanción resultaría en la cancelación de su candidatura.

La política potosina aseguró que tal acción responde a que "no quieren que una mujer identificada con el proyecto del presidente y comprometida con la lucha en contra de la corrupción, gobierne en el Estado de San Luis Potosí.

"Es una amenaza a la democracia que atenta en contra del proyecto de la Cuarta Transformación, del mandatario Andrés Manuel López Obrador y de Morena en San Luis Potosí", reiteró.

Agregó que ante la falta de argumentos y de propuestas, pretenden robarle "en la mesa lo que no pueden ganar en las urnas".

Expuso que "precisamente ahora que vamos en primer lugar y creciendo, pretenden confundir a la ciudadanía con artimañas jurídicas y mediáticas sin ningún fundamento".

Abundó que "en Morena siempre defenderemos la voluntad del pueblo", y enfatizó que "esto no nos va a detener: Con el pueblo todo, sin el pueblo nada".

Aseveró que su "candidatura está firme, toda la vida me he conducido de forma transparente y en apego a derecho. Espero que la autoridad electoral (INE) reconozca que hemos cumplido cabalmente con la ley".

Información difundida la noche del miércoles indica que la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral propuso a la Comisión de Fiscalización retirar la candidatura a gobernadora de San Luis Potosí a Mónica Liliana Rangel Martínez, en virtud de que no entregó su informe de gastos de precampaña.

Según el proyecto presentado por la UTF se le detectaron algunas publicaciones en su página de Facebook promocionando su candidatura, por lo que, acorde con los criterios adoptados en los casos de Guerrero, con Félix Salgado Macedonio, y Michoacán, con Raúl Orón, se propone retirarle el derecho a ser candidata a gobernadora.