Ciudad de México. La Fiscalía General de la República (FGR) prepara nuevas acusaciones en contra de Héctor Luis El Güero Palma Salazar y analiza si amplía la acusación por delincuencia organizada, cargo por el que fue recientemente exonerado, revelaron funcionarios de la institución que dirige Alejandro Gertz Manero.

Ayer, tras abandonar el Centro Federal de Reinserción Social número 1, Altiplano, que se localiza en el municipio de Almoloya de Juárez, El Güero Palma fue detenido y trasladado a las instalaciones de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido), donde permanece bajo estrictas medidas de seguridad.

Funcionarios federales revelaron que el Ministerio Público Federal realizó diversos interrogatorios a quien fuera socio de Joaquín El Chapo Guzmán Loera, respecto a las operaciones de tráfico de drogas que realizó hacia Estados Unidos, sus contactos con integrantes de organizaciones mexicanas y colombianas, así como de las actividades de sus familiares, ya que presuntamente él dirigía algunas células delictivas con sede en Sonora, Sinaloa y Jalisco, que generaban recursos para las actividades de sus parientes.

Salida del Altiplano

El Güero Palma, uno de los narcotraficantes más importantes de la década de los 80 del siglo pasado en México, cruzó a bordo de un vehículo la última aduana del penal de máxima seguridad del Altiplano, donde pasó los pasados cinco años.

Desde que bajó de la camioneta de la Guardia Nacional que lo trasladó desde el área de módulos del penal a la última garita del Altiplano, El Güero Palma se percató que afuera de este centro federal de readaptación social había decenas de policías esperándolo y un camión blindado con una de sus puertas abiertas.

En cuanto cruzó la reja del penal, Palma Salazar pidió explicaciones y aseguró que le estaban violando sus derechos, pues un juez lo había absuelto de la última acusación que tenía en su contra y por eso le había decretado la libertad.

Héctor Luis El Güero Palma fue detenido en junio de 1995. De acuerdo con registros de la entonces Procuraduría General de la República (PGR). Fue acusado de ocho delitos, entre ellos portación ilegal de armas de fuego, delitos contra la salud, usurpación de funciones (por hacerse pasar como agente de la Policía Judicial Federal), cohecho y homicidio; sin embargo, sólo se le condenó por tres de ellos y en suma se le sentenció a 25 años de prisión; una vez que se dictaron todas las sentencias en su contra las autoridades mexicanas lo extraditaron en 2016 a Estados Unidos, donde se le acusaba de tráfico de drogas y tras cumplir una sentencia de nueve años, lo dejaron en libertad y lo devolvieron a México.

Luego de que se le exoneró del delincuencia organizada, la FGR busca establecer si está vigente la acusación en su contra por el asesinato del comandante de la Policía Judicial de Nayarit, Antonio Contreras, y el agente José Cruz Guerrero, en hechos registrados en mayo de 1995.

Asimismo, se analiza la información de diversos expedientes en los que se le señaló como líder del cártel de Sinaloa, para llevarlo nuevamente ante un juez, y ello podría tomar inicialmente 48 horas, si no hay elementos, se solicitará su arraigo por un periodo de hasta 40 días, informaron funcionarios federales.